Una clínica privada de la provincia de Buenos Aires obtuvo el martes el primer fallo de la justicia contra el fuerte aumento de la electricidad dispuesto en enero por el gobierno de Mauricio Macri, en una resolución que de replicarse en otros tribunales podría entorpecer el plan oficial para reducir el déficit fiscal.
La jueza federal en lo civil y comercial Martina Isabel Forns hizo lugar a una acción de amparo contra el Estado presentada por el hospital privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad de Martín Coronado.
La magistrada ordenó la suspensión de la resolución del Ministerio de Energía y Minería del 20 de enero que dispuso el incremento de las tarifas de electricidad. A su vez ordenó a la compañía distribuidora de energía Edenor que liquide las facturas de la demandante con los valores anteriores a la entrada en vigencia de dichos aumentos por el plazo de tres meses.
Respecto de las facturas ya abonadas por la clínica desde enero, la jueza exigió a Edenor que los importes deberán tenerse por pagados a cuenta, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total.
En la demanda, la clínica denunció como «irrazonable desde el punto de vista económico», «arbitrario» y «manifiestamente ilegal» la facturación de electricidad con aumentos «que van del 231% a 537% y que por la quita de subsidios la suba alcanzó 640%».
El fallo de Forns es el primero contra el aumento y si bien se aplica para el caso particular de la clínica sirve de precedente para futuras demandas.
Los aumentos en las tarifas de servicios son una de las medidas más cuestionadas de la administración de Macri desde que asumió el 10 de diciembre. El gobierno adujo que el cuadro tarifario venía desactualizado de la anterior gestión y que ello atentaba contra la inversión. Otro objetivo central fue reducir los subsidios para achicar un déficit fiscal.
No obstante, se criticó el carácter generalizado de la subas y que, salvo la tarifa social para los sectores más vulnerables, no hubiera una evaluación previa para medir el fuerte impacto en distintas ramas de la economía.
Los comercios e industrias tuvieron incrementos en sus tarifas de electricidad de 270% a 460% y en el caso del gas cercanos al 700%, los cuales al trasladarse a los precios derivaron en una aceleración de la inflación, que en abril rozó el 7%, la más alta en 14 años.
El gobierno no se pronunció sobre el fallo de Forns pero el ministro de Energía Juan José Aranguren adelantó la víspera que apelará toda medida judicial contra los aumentos de tarifas.
Vía Panorama / www.diariorepublica.com