Colombia y Pdvsa tienen 3 meses para proteger a los wayúu en la Frontera

Publicado el 21 de marzo de 2013

En un plazo de tres meses, los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente de Colombia, así como PDVSA tendrán que diseñar un plan para proteger a los indígenas que habitan en La Guajira debido a la instalación de un gaseoducto en la frontera con Venezuela.

El alto tribunal colombiano consideró que se debe ejecutar un plan de protección para dicha comunidad debido a los riesgos de ataque terrorista y tránsito indiscriminado de indígenas en dicha zona del país.

La decisión se tomó después de fallar una tutela a favor de 85 comunidades Wayúu, quienes vieron vulnerados sus derechos por la instalación y operación de un gasoducto construido por la empresa venezolana en el marco del Proyecto de Interconexión Gasífera Colombia – Venezuela.

En la acción judicial las comunidades indígenas argumentaron que su seguridad se encontraba en riesgo, debido a los atentados terroristas contra el gasoducto y al peligro para las personas y animales que usualmente transitan por encima del tubo, ya que no existe otra alternativa de paso a lo largo de sus casi 90 kilómetros de longitud.

Ante esto, el alto tribunal encontró que la integridad del territorio ancestral Wayúu ha sido afectada por la instalación del gasoducto que, en su tramo colombiano, literalmente dividió el territorio con una estructura lineal, sin que las autoridades demandadas o la empresa hubiesen dispuesto medios para permitir el cruce normal de personas, animales y vehículos.

“Esta obra de infraestructura constituye un obstáculo externo que coarta el libre tránsito de personas del pueblo Wayúu, particularmente en ejercicio de sus actividades de sustento en tanto pueblo pastoril seminómada del desierto. Por esta razón, para efectos de cruzar el oleoducto, las personas y animales deben literalmente pasar por encima de la obra, exponiendo así su seguridad personal a que ocurra un accidente”, precisa uno de los apartes de la sentencia.

En este sentido se indicó que la Constitución Política establece el derecho que tienen las comunidades indígenas a la integridad de su territorio ancestral, lo cual incluye su no fraccionamiento por la instalación de obras de infraestructura.

El tribunal de lo contencioso administrativo definió la propiedad colectiva de los territorios inherentes a las comunidades indígenas como un derecho fundamental compatible con los derechos individuales y susceptible de ser protegidos mediante la acción de tutela.

Entre las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado se encuentran la instalación de puntos estacionarios de paso en áreas críticas de tránsito, en los que se habrá de instalar dispositivos del tipo de un puente para permitir el paso seguro, así como adecuados esquemas de señalización que resulten culturalmente comprensibles y aceptables para los miembros de estas comunidades Wayúu.

Igualmente indicó que se debe implementar tiene que incluir un componente de protección, denuncia y respuesta inmediata frente a potenciales peligros o amenazas de ataque terrorista y un componente de prevención del riesgo derivado del tránsito indiscriminado de personas y animales por encima del gasoducto.

Vía El Espectador

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