Con el objeto de que responda por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, aprobó la extradición del expresidente Ricardo Martinelli a Panamá.
Esta extradición había sido certificada desde agosto de 2017, por el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, y fue avalada el pasado 23 de enero del presente año por Marcia Cooke, jueza de instancia superior a la del juez anteriormente mencionado.
Por su parte, el departamento de Estado de EE.UU., había enviado una carta a los juristas encargados del caso, expresando su rechazo a los argumentos presentados por Martinelli, para evitar su extradición, sobre todo en lo relacionado con el riesgo que corría el expresidente de ser torturado si era regresado al país centroamericano, aseguró Nathalie Santos, integrante del equipo de Martinelli en Miami.
De acuerdo a lo dicho por la nueva abogada de Martinelli en Estados Unidos, existían razones humanitarias y políticas para extraditar al expresidente panameño. No obstante, la explicación de la jurista no resultó suficiente para el Departamento de Estado estadounidense.
Ante la situación, Sidney Siton, uno de los representantes legales del exmandatario, afirmó que la defensa de Martinelli en Panamá se prepara para establecer las nuevas estrategias frente a la extradición del exjefe del Ejecutivo panameño.
A pesar de que las autoridades panameñas han pedido al Departamento de Estado que se efectúe la extradición en un vuelo charter, es el organismo estadounidense el que definirá la forma en la que será extraditado el político.