Sanción a funcionarios venezolanos y no al país toma cuerpo en EE. UU

Publicado el 9 de mayo de 2014
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Las comisiones de Asuntos Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes de EEUU, el influyente diario The Washington Post y el exembajador de EEUU en Caracas, Patrick Duddy, coinciden en una posición: El Gobierno de Barack Obama debe castigar a través de sanciones a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y no al pueblo venezolano.

El proyecto aprobado hoy por la comisión parlamentaria de la Cámara Baja acuerda que el presidente de la República estadounidense impondrá sanciones a las personas responsables de cometer violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el 12 de febrero pasado y que las mismas consistirán en congelamiento de fondos, prohibición de transacciones financieras  y revocatoria o negativas de visas de ingreso a EEUU.

El documento aprobado indica que no se incluirán sanciones que tengan que ver con la importación de bienes, en el entendido que dicha medida afectaría al pueblo venezolano.

La iniciativa legislativa irá ahora al pleno de la Cámara para que la voten sus 435 miembros. Si es aprobada, tendrá que ser debatido en la comisión respectiva del Senado y en la plenaria de está Cámara, donde en paralelo ya se está debatiendo una iniciativa similar. Para su aprobación definitiva deberá tener el visto bueno del presidente de la República, Barack Obama.

En Venezuela
Tampoco la Mesa de la Unidad Democrática está de acuerdo con que se apliquen sanciones económicas al país, pero deja la vía abierta para que se castigue a los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro que han participado en la represión.

El secretario adjunto de la MUD, Ramón José Medina, sostuvo ayer que  quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en ejercicio de sus funciones y quienes han estado involucrados en el tráfico de drogas y actos de corrupción, merecen que se les aplique las sanciones que correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional o la de un país en el ámbito de su territorio.

“No se puede tolerar que estas actividades queden impunes. El ejercicio de funciones gubernamentales no puede servir de defensa para quienes han cometido este tipo de delitos ni la bandera del nacionalismo puede utilizarse para burlar sus responsabilidades por las fechorías cometidas”, expresó.

Asimismo, indicó que la aplicación de sanciones unilaterales al país es un acto inapropiado, no sólo desde la perspectiva política, sino por los efectos que proporcionaría para los ciudadanos, quienes, según su criterio, ya bastante golpeados estaban por el Gobierno.

Declaración confusa
La posición de la alianza opositora quedó en entredicho por una aparente confusión de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Roberta Jacobson, quien el jueves señaló en el Senado que un sector opositor venezolano había pedido que no se  aplicaran sanciones a Venezuela.

La declaración de Jacobson provocó la reacción de la MUD, que le solicitó aclarar su declaración, ya que –según dijo- nunca ha solicitado que no se castigue a los funcionarios responsables de violar los DDHH en el país.

En horas de la noche de ayer y en una declaración que Jacobson envió directamente a la MUD, aclaró: “En la audiencia del 8 de Mayo en el Comité de Relaciones Exteriores sobre Venezuela, la S/A (secretaria asistente) destacó que el Gobierno de los EEUU no debería debilitar el actual diálogo mientras ofrezca oportunidades de progresar. Destacó que miembros de la oposición que participa en el diálogo se lo han señalado. Es, en parte, esa preocupación la que informó nuestra creencia de que no serían oportunas sanciones, aunque no las hemos descartado. Deseamos aclarar que la oposición no ha sugerido específicamente que nos abstengamos de sancionar individuos. Ciertamente, como lo explicó la S/A en su testimonio, algunos miembros de la oposición las han animado.”

Las razones de Duddy
El jueves pasado el exembajador de EEUU en Venezuela, Patrick Duddy, explicó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, por qué las sanciones deberían ser contra funcionarios y no contra la economía venezolana.

Señaló que Venezuela necesita más vender su petróleo a EEUU, que este país comprar el crudo venezolano, en vista del aumento de la producción petrolera de EEUU y el incremento en el suministro de Canadá.

“Nosotros podríamos hacer colapsar lo que es ya una implosión de la economía (venezolana) causando gran sufrimiento a la gente de Venezuela, así como dañando a pequeñas economías de la región que son clientes de Venezuela a través de Petrocaribe, pero eso no necesariamente contribuiría a mejorar la situación de los derechos humanos, conseguir mayor respeto a los derechos políticos de la oposición y restaurar las débiles instituciones del país”, explicó.

Dijo que “después de 15 años en el poder, el Gobierno tiene su propia crisis: ellos la hicieron, es de ellos”, y añadió que una acción de unilateral de EEUU podría hacer que  el Gobierno de Maduro recupere la base chavista.

No obstante, Duddy destacó que EEUU sí puede y debe actuar en contra de las figuras políticas y militares responsables de promover la violencia y cometer violaciones a los derechos humanos, identificar a las organizaciones cómplices de los  abusos, señalar a sus responsables y que se den cuenta que su acción puede convertirlos en “parias internacionales”.

El influyente diario Washington Post, en su editorial del miércoles pasado, coincidió con esa posición y expresó que: “Más presión debe ser aplicada al Gobierno de Maduro si esto permite las reformas que podrían romper la caída libre de Venezuela. La imposición de un precio claro sobre los funcionarios que dirigen la represión sería apalancamiento útil”.

El Universal/www.diariorepública.com

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