TSJ ordena ejercer “coerción” por usurpación de funciones al nombrar magistrados

Publicado el 21 de julio de 2017

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunció este viernes 21 de julio para declarar nulo el acto de designación y juramentación de magistrados hecha por la Asamblea Nacional.

El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, insistió: “la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y son nulos todos sus actos. Incurren de manera flagrante en el delito de usurpación de funciones”.

El nombramiento fue calificado como un acto “subversivo” por lo que se solicitó a las autoridades civiles y militares ejecutar las acciones de “coerción” pertinentes para “garantizar la paz nacional”.

Este 21 de julio la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, juramentó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, proceso que siguió el Parlamento venezolano, según lo establece la Constitución.

Julio Borges, presidente del Parlamento, dijo “No habrá un futuro de progreso y oportunidades para todos hasta que en Venezuela no tengamos una justicia al servicio de los venezolanos, donde todos seamos iguales frente a la ley. La asamblea nacional ha decidido que un acto tan importante pueda hacerse abierto, junto al pueblo para señalar cuál es el camino del futuro que es una justicia al servicio de los venezolanos”.

Carlos Berrizbeitia, diputado encargado de presentar a los magistrados, dijo “estamos haciendo historia, desde hoy arrancamos un nuevo camino en el poder institucional del país”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta de sus magistrados declaró nulo el proceso a través del cual la Asamblea Nacional (AN) nombró a magistrados.

La motivación se centró entre otros aspectos en la extemporaneidad del proceso, inexistencia de vacantes e inobservancia de preceptos constitucionales y legales, reseñó el TSJ en nota de prensa.

La Sala fundamentó su decisión en la jurisprudencia y en lo establecido en el artículo 213 del Código Penal Venezolano, el cual prevé que cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares será reo de delito por usurpación de funciones.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com

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