TSJ ratificó a Socorro Hernández y Tania D’Amelio como rectoras principales del CNE

Publicado el 14 de diciembre de 2016

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó este martes 13 de diciembre a Socorro Hernández y Tania D’Amelio como rectoras principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), para el período 2016-2022.

“La designación se efectúa como medida indispensable, atendiendo al mantenimiento de la supremacía constitucional, así como a la estabilidad y a la paz de la República, por haber expirado el período constitucional correspondiente”, expresa la sentencia del TSJ, publicada en su portal web.

De igual forma, señala que la designación se realiza debido a que el órgano encargado, la Asamblea Nacional (AN), “aún se encuentra en desacato”, lo que “determina la nulidad de todas sus actuaciones mientras se mantenga tal situación lesiva al orden constitucional”.

En el fallo, la Sala Constitucional “exhorta a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año, en respeto a los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional”, agrega la sentencia.

Mientras no se realice la desincorporación de estos ciudadanos, la AN continúa en situación de desacato y por lo tanto cualquier actuación del Poder Legislativo “será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidades a que hubiere lugar”.

El poder legislativo es el depositario de dicha facultad, pero el máximo tribunal indicó que la designación se efectuó como “medida indispensable por haber expirado el período constitucional correspondiente” el 4 de diciembre y por “la falta de diligencia en el trámite” de la designación respectiva por parte de la Asamblea Nacional.
La sentencia, continúa el escrito, está además en concordancia con el hecho que el Legislativo “se encuentra en desacato al Poder Judicial, lo que determina la nulidad de todas sus actuaciones”, incluidas las leyes que sean sancionadas. Por dicho desacato se refiere al incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de una sentencia de la Sala Electoral que bloqueó la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos.
Socorro Hernández y Tania D’Amelio, antiguas militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, fueron designadas para ocupar por siete años más (2016-2023) dos plazas en el directorio de cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambas serán juramentadas el miércoles, se informó.
En un principio se anunció que el período finalizaría en 2022, pero posteriormente se anunció en un comunicado que terminará en 2023.
Cuatro de los actuales miembros del CNE, entre los que se incluyen Hernández y D’Amelio, son ampliamente considerados como simpatizantes del oficialismo, según los críticos. Sólo uno ha tomado posiciones más críticas durante su gestión.
El Tribunal Supremo, que también es acusado de estar bajo el control del oficialismo, después de un año no ha emitido una sentencia firme sobre la supuesta compra de votos y tampoco ha revertido su dictamen de desacato, a pesar de que los tres congresistas opositores de Amazonas pidieron en noviembre ser desincorporados de sus curules en atención a una solicitud del Vaticano, que funge como facilitador del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición para solucionar la crisis del país.
El máximo tribunal dio a conocer su nuevo dictamen apenas unas horas después de que el Legislativo, que está bajo el control de la oposición por primera vez en 17 años, aprobara el martes un acuerdo que declara la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en el incumplimiento de sus deberes constitucionales.
El juicio por presunto abandono de dichos deberes es simbólico y no puede provocar la destitución del presidente —ya que la Constitución no otorga ese poder al Legislativo_, pero según algunos analistas este podría derivar en una “sanción moral” al mandatario, cuya popularidad se ha visto afectada por la crisis.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com

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