Durante las celebraciones a propósito del día del servidor público, el Secretario General de Gobierno, Billy Gasca, informó que hasta el momento se han bloqueados 16.810 ciudadanos, quienes no podrán adquirir productos regulados.
«Estamos analizando la distribución de alimentos al estado Zulia para conocer cuáles son las empresas distribuidoras, su ubicación, la capacidad instalada y los rubros que manejan para sincerar y depurar esa cadena con el fin de sacar del Sistema Integral Control Agroalimentario (Sica), a comercios que no han demostrado la licitud de su distribución».
Igualmente, dijo que continuarán con el bloqueo en la compra a ciudadanos quienes adquieren productos de forma irregular, e indicó que pasaron de 10 mil bloqueados a 16.810 en cinco cadenas y que están consultando a la sala popular militar del estado para extender la medida a 5 comercios más que no han sido determinados.
El Secretario General de Gobierno precisó que la medida se tomó luego que la sala popular militar del estado Zulia, instancia donde convergen el alto mando militar de la región, la Gobernación y la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), realizara un análisis y auditorias a los sistemas informáticos de venta de la red privada de supermercados y encontrara comportamientos irregulares en la compra de productos, como personas que adquieren varias veces al día un mismo rubro como la leche, o empleados de supermercados que tienen la posibilidad de comprar sin hacer cola y aprovechan esa circunstancia para adquirir rubros, incluso que no necesitan, pero que los compran en nombre de familiares y amigos.
Además, manifestó que trabajan las 24 horas analizando el comportamiento de los consumidores. Explicó que por los momentos hay cinco cadenas en las cuales hay listados de personas bloqueadas, «quien aparezca allí no puede comprar productos regulados, porque está demostrado que su adquisición en este grupo de personas es para la reventa o contrabando».
Gasca agregó que el bloqueo es la primera medida pero que se tomarán otras de mayor peso para quienes hacen de la adquisición de productos de primera necesidad un negocio, las cuales incluirían investigaciones y la participación de la fiscalía y el Ministerio Público, pero que «ello lo determinará el Gobernador de acuerdo al comportamiento de los resultados que hasta ahora han sido favorables».
Nota de prensa/www.diariorepublica.com