El esfuerzo del Gobierno de Estados Unidos para limitar el poder de las grandes tecnológicas sufrió un importante revés este martes. Un juez federal en Washington falló a favor de Meta, dictaminando que la compañía de Mark Zuckerberg no incurrió en prácticas monopolísticas al adquirir Instagram y WhatsApp hace más de una década.
La decisión neutraliza una de las acciones antimonopolio más ambiciosas emprendidas por la Comisión Federal de Comercio (FTC), que buscaba obligar a la empresa a desprenderse de las dos plataformas.
🏛️ El Mercado Volátil como Clave del Fallo
El fallo fue emitido por el juez James Boasberg del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. El magistrado concluyó que las adquisiciones, realizadas entre 2012 y 2014, no constituyeron una estrategia ilegal para dominar el mercado.
La FTC argumentaba que las compras consolidaron un monopolio en el ecosistema de redes sociales y mensajería. Sin embargo, el juez Boasberg consideró que la agencia federal no logró demostrar que Meta hubiera eliminado una competencia real en un sector tecnológico caracterizado por su alta volatilidad.
Boasberg señaló que el mercado digital evoluciona con tal rapidez —con aplicaciones que surgen, se transforman o desaparecen en pocos años— que resulta complejo delimitar claramente el territorio competitivo. En este contexto, la insistencia de que Meta mantiene un dominio estable sobre un conjunto fijo de rivales no reflejó la dinámica real del sector.
🚀 Alivio para Meta y Desafío para Reguladores
El dictamen ofrece un respiro a Meta, que ahora podrá continuar impulsando sus inversiones en inteligencia artificial y otras áreas estratégicas sin la amenaza inminente de una disolución corporativa.
Para los reguladores federales, en cambio, el fallo representa un nuevo obstáculo en su campaña por contener el tamaño y poder de las Big Tech. Si bien el Departamento de Justicia ha obtenido victorias recientes contra Google en el ámbito de la publicidad digital, el caso contra Meta subraya que la supervisión antimonopolio en el ámbito tecnológico sigue enfrentando desafíos jurídicos significativos.
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