Representantes sindicales marcharon hasta la sede empresarial para rechazar la Mesa de Consensos y exigir un salario mínimo vinculado a la Canasta Básica.
En horas de la mañana de este miércoles, representantes sindicales de la región zuliana se movilizaron hasta la sede de Fedecámaras Zulia para manifestar su rechazo a la denominada Mesa de Consensos Laborales y Sociales.
La marcha inició a las 9:00 a. m. desde el antiguo Mercado Guajira, en la prolongación Circunvalación 2, agrupando a voceros de la salud, el magisterio, el sector universitario, petrolero e Ipostel, integrados en la alianza Unidad Laboral del Zulia junto a la Unidad Nacional de Acción Social Gremial y Sindical (UNASSG).
Una sede a puertas cerradas
Al arribar a la sede del gremio empresarial, la manifestación encontró las instalaciones cerradas y sin personal para la recepción del documento petitorio. Los líderes sindicales señalaron que la ausencia de los directivos busca evadir el debate directo con la clase trabajadora en un día laborable.
Ante la imposibilidad de entregar el texto, la dirigencia procedió a dar lectura pública a la Carta Abierta dirigida al sector empresarial. En el documento denunciaron que la mesa de negociación, integrada por tres de las siete confederaciones sindicales del país y el Gobierno, carece de representatividad y pretende recortar beneficios contractuales.
Exigencias centrales del sector laboral
El manifiesto rechaza cualquier intento de flexibilización laboral orientado a legalizar la bonificación del salario mediante reformas a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Los voceros advirtieron que esta medida perjudica el cálculo de las prestaciones sociales, la inamovilidad y las escalas salariales.
Asimismo, solicitaron la restitución del salario mínimo constitucional con incidencia salarial en todos los bonos, el respeto a las convenciones colectivas y la derogación del Memorando 2792 y del Instructivo Onapre.
Propuesta de aguinaldos y transparencia
En relación con los beneficios de fin de año, exigieron un pago calculado sobre la base de un ingreso integral de 240 dólares mensuales o su equivalente según contrato, con un piso de 960 dólares abonados en una sola cuota para contrarrestar la inflación.
Finalmente, los dirigentes afirmaron que el Estado dispone de recursos suficientes provenientes de fondos en el exterior y del Arco Minero para saldar las deudas laborales, por lo que exigieron transparencia pública. La alianza concluyó ratificando que continuará las movilizaciones regionalizadas en defensa de los derechos contractuales.
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