La propuesta busca reestructurar la nómina estatal y modificar la proporción entre sueldos y bonificaciones en el sector público.
El economista Asdrúbal Oliveros planteó la urgencia de reestructurar la nómina del Estado venezolano para sostener un salario base inicial de 150 dólares en el sector público. Durante una entrevista concedida al periodista Román Lozinski, el director de Ecoanalítica explicó que la distorsión actual de los ingresos, fijados formalmente en 130 bolívares mensuales y complementados con bonos no salariales, destruyó el poder adquisitivo de los trabajadores e imposibilitó la planificación fiscal sostenible a largo plazo.
Reestructuración fiscal y fiscalización de la nómina pública
Oliveros señaló que cualquier intento de sincerar las remuneraciones estatales exige una reducción y reorganización profunda de la plantilla de empleados públicos, una tarea pendiente en la gestión económica del país. De acuerdo con sus estimaciones presupuestarias, arrancar con un piso salarial de 150 dólares no generaría una presión fiscal inmanejable si se ejecuta en paralelo con una reforma técnica y política de la nómina estatal. Este monto servirá como punto de partida para realizar ajustes progresivos sin desequilibrar las cuentas públicas.
Eliminación de la retroactividad y nuevo esquema de ingresos
El análisis del especialista abordó también los cambios normativos orientados a rescatar el valor real del trabajo. Oliveros afirmó que la eventual eliminación de la retroactividad en las prestaciones sociales permitirá migrar hacia una distribución donde el 80% del ingreso corresponda a salario directo y solo el 20% a bonificaciones. Este giro estratégico revertiría la política actual de bonificación masiva, devolviendo a los sueldos su impacto legal en el cálculo de vacaciones, utilidades e indemnizaciones.
El diálogo social como factor clave para el acuerdo
Finalmente, Oliveros enfatizó que la viabilidad de estas reformas depende de un diálogo social efectivo entre los tres actores económicos fundamentales: el sector público como mayor empleador, el sector privado representado por los gremios de Fedecámaras, y las centrales sindicales. El equilibrio entre estas partes resulta indispensable para ejecutar la transición salarial sin destruir puestos de trabajo ni acentuar la brecha distributiva en el país.
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