El gremio empresarial plantea la descentralización del sistema, la reforma del marco legal vigente y la participación del sector privado como vías fundamentales para solucionar el déficit energético que afecta al país y al estado Zulia.
El deterioro sostenido de la infraestructura energética nacional exige respuestas inmediatas y un cambio estructural en la gestión del servicio. Frente a esta realidad, la Cámara de Comercio de Maracaibo formuló una propuesta integral para atender la crisis del Sistema Eléctrico Nacional, cuyos fallos impactan de manera crítica la productividad y la calidad de vida en la región zuliana.
Causas y magnitud del déficit energético
La falta de mantenimiento oportuno y la baja operatividad del parque termoeléctrico han generado una brecha crítica entre la oferta y la demanda energética. Durante el mes de mayo, la demanda máxima nacional alcanzó los 15.579 MW, mientras que la capacidad disponible solo llegó a 11.993 MW. Este desfase se traduce en un déficit de 3.586 MW que provoca interrupciones diarias de cinco horas o más.
Impacto estructural en el estado Zulia
La situación geográfica del estado Zulia acentúa su vulnerabilidad dentro de la red nacional. La demanda en la Costa Occidental ronda los 2.300 MW, pero el suministro acumulado desde Guri, los cables sublacustres y el Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta no logra cubrir el requerimiento total. Esta limitación genera un déficit regional constante de entre 350 y 500 MW que frena el desarrollo económico local.
Medidas prioritarias a corto plazo
Para mitigar los racionamientos, la institución propone rehabilitar de forma urgente las instalaciones de Termozulia, cuya capacidad teórica alcanza los 2.000 MW. Las acciones inmediatas deben enfocarse en reparar turbinas y generadores, asegurar el suministro continuo de combustible, culminar el tercer gasoducto Falcón-Zulia y restablecer los sistemas de medición, facturación y cobranza del servicio.
Descentralización y apertura a la inversión privada
El pilar central de la propuesta radica en transformar el modelo de gestión mediante la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La estrategia plantea que el Estado conserve la coordinación de la generación, mientras que la distribución y la comercialización se transfieran a esquemas descentralizados con participación privada. Asimismo, resulta indispensable ejecutar auditorías independientes y culminar obras clave como el cable sublacustre de 400 kV en el Lago de Maracaibo para garantizar la estabilidad económica.
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