La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó la reactivación inmediata de las actividades productivas de la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, S.A. De igual manera, el máximo juzgado del país dispuso la devolución formal de la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles, los cuales se encontraban sometidos a una medida preventiva de embargo.
Procedimiento de entrega en el estado Zulia
A través de la sentencia número 327, el tribunal comisionó formalmente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo en la ciudad de Cabimas, estado Zulia. Esta instancia judicial será la encargada de ejecutar la restitución física de las instalaciones y maquinarias. Los activos serán transferidos desde la custodia del depositario judicial saliente, el ciudadano José Alberto Núñez Gutiérrez, a la representación legal de la compañía petrolera.
La resolución concede a Servicios Halliburton de Venezuela, S.A. el pleno derecho de uso, goce y disfrute sobre sus propiedades. El fallo fundamenta esta decisión en la necesidad de salvaguardar infraestructura considerada de carácter estratégico y crítico para el mantenimiento y operatividad del sector de los hidrocarburos en la nación.
Nombramiento de veeduría e inventario judicial
Para velar por el correcto desarrollo del proceso, la Sala Social designará a un veedor judicial, cuyos honorarios y gastos operativos serán asumidos por la parte demandada en el litigio. Este fiscalizador tendrá atribuciones para inspeccionar la totalidad de las instalaciones, supervisar la entrega técnica y levantar un inventario detallado de los activos restituidos.
Asimismo, el veedor estará obligado a rendir informes periódicos ante el TSJ para verificar el cumplimiento continuo de las condiciones establecidas en esta medida cautelar innominada.
Antecedentes de la suspensión operativa
La empresa Servicios Halliburton de Venezuela, S.A. había paralizado sus operaciones en el territorio nacional el 30 de diciembre de 2020. Dicha suspensión se produjo como consecuencia directa de las restricciones comerciales y las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a las corporaciones energéticas internacionales que operaban en el país.
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