
La organización gremial advierte que la presión tributaria del 61% y el diferencial cambiario impiden una recuperación real del poder adquisitivo en Venezuela.
El panorama económico de Venezuela enfrenta desafíos estructurales que van más allá del simple ajuste nominal de las remuneraciones. Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fedecámaras, ha señalado de forma contundente que la inflación persistente y el crecimiento desmedido de la economía informal son los dos grandes obstáculos que impiden que los trabajadores venezolanos gocen de un salario digno y estable. Durante una reciente intervención en Radio Fe y Alegría Noticias, la dirigente analizó la complejidad del escenario laboral actual y los avances en las mesas de diálogo junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Polesel enfatizó que, aunque el sector empresarial mantiene una participación activa en las mesas técnicas, la naturaleza de estos encuentros es consultiva. En estas instancias, los gremios aportan datos técnicos sobre el costo de la canasta básica y la capacidad operativa de las empresas privadas. Sin embargo, aclaró que la responsabilidad final y la decisión ejecutiva sobre el monto del salario mínimo recae única y exclusivamente en el Ejecutivo Nacional. Esta distinción es vital para comprender que el sector privado busca consensos, pero no tiene la facultad legal de decretar los aumentos oficiales.
La inflación como el impuesto más injusto
Para la vocera de Fedecámaras, cualquier esfuerzo por incrementar los ingresos de los ciudadanos resulta estéril si no se ataca la raíz del problema monetario. La inflación actúa como un erosionador silencioso que devora el poder de compra apenas se percibe el ingreso. Según Polesel, la inflación es el impuesto más caro e injusto que puede pagar un ciudadano, ya que golpea con mayor fuerza a los estratos más vulnerables y ha dinamitado cualquier posibilidad de ahorro o planificación financiera a largo plazo para las familias venezolanas.
Además de la subida de precios, el entorno empresarial se ve asfixiado por el diferencial cambiario. Esta brecha entre la tasa oficial y la dinámica del mercado obliga a los comerciantes a vender sus productos a un precio referencial, pero al momento de reponer sus inventarios, se encuentran con costos mucho más elevados. Esta distorsión reduce drásticamente el margen de maniobra de las empresas, limitando su flujo de caja y, por ende, su capacidad para ofrecer mejoras salariales competitivas a su nómina de empleados.
Informalidad impulsada por la presión tributaria
Otro punto crítico abordado por la dirigente es el auge de la informalidad, un fenómeno que calificó como altamente dañino para el tejido social y económico del país. La informalidad no solo priva al Estado de la recaudación fiscal necesaria para los servicios públicos, sino que deja a los trabajadores en un estado de desprotección total, sin seguridad social ni beneficios de ley. Polesel atribuyó este crecimiento a una carga tributaria que calificó de asfixiante, estimando que la presión fiscal en Venezuela se acerca al 61%.
Este elevado nivel de impuestos, sumado a las contribuciones parafiscales y las tasas municipales, desincentiva la formalización de nuevos emprendimientos. Incluso empresas que han sido históricamente formales se ven empujadas a operar en los márgenes de la legalidad para poder sobrevivir económicamente. Para Fedecámaras, la solución pasa por una reforma que amplíe la base de contribuyentes y reduzca la presión sobre los que ya cumplen, permitiendo así que el empleo formal vuelva a ser el motor de la economía nacional.
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