La Apucv reporta que el 95,28% de los docentes jubilados no ha percibido el beneficio de responsabilidad profesional anunciado por el Ejecutivo nacional.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) denunció formalmente la exclusión de un sector mayoritario del personal universitario tras el anuncio de los nuevos ajustes económicos realizados el pasado 30 de abril por Delcy Rodríguez. Según la organización, el proceso de asignación ha sido fragmentado y profundiza la brecha de desigualdad entre los trabajadores activos y jubilados del sector educación superior.
En un comunicado emitido este martes 5 de mayo, la asociación destacó que el nuevo bono de responsabilidad profesional no solo ha sido insuficiente, sino que su implementación se califica de «caótica y discriminatoria». La medida ignora a profesionales técnicos, administrativos, obreros y, de forma casi total, al personal docente jubilado, quienes representan un pilar fundamental de la memoria institucional del país.
Resultados de la encuesta sobre el pago de bonos
Para sustentar estas denuncias, la Apucv realizó un levantamiento de datos entre el 2 y el 4 de mayo, consultando a 2.500 docentes universitarios. De este grupo, 1.445 pertenecen a la UCV y 1.055 a otras casas de estudio nacionales. Los hallazgos revelan una falla sistémica en la asignación de los recursos: el 96,03% de los contratados activos y el 54,95% de los docentes ordinarios activos reportan no haber recibido el pago correspondiente.
La situación es aún más crítica para los jubilados, ya que el 95,28% de este grupo asegura no haber cobrado el denominado bono de responsabilidad profesional. Esta omisión contraviene directamente los criterios de igualdad establecidos en las actas convenio y las convenciones colectivas vigentes, las cuales exigen la homologación de beneficios para quienes dedicaron su vida al servicio académico.
Desalarización y precariedad laboral en las universidades
La Apucv rechazó enfáticamente la política de desalarización que mantiene el Ejecutivo nacional. Al centralizar los ingresos en bonificaciones que no tienen incidencia en prestaciones sociales, vacaciones o utilidades, se vulnera el derecho constitucional a un salario digno. Los profesores alertan que el país se encamina a cumplir un lustro sin un aumento real del salario mínimo, el cual permanece estancado en 130 bolívares desde el año 2022.
Además de la falta de pago, se reportaron irregularidades en los montos depositados. Muchos docentes que sí lograron cobrar percibieron cantidades inferiores a las que les corresponden según su categoría académica. En el caso de los auxiliares docentes, el pago se realizó bajo una tarifa única, ignorando sus niveles de formación y méritos profesionales.
El costo de la vida frente al ingreso integral
A pesar de que el anuncio oficial del 30 de abril incrementó el ingreso integral a través del bono de guerra económica ($150) y el bono de alimentación ($40), la realidad económica supera estas cifras. Según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria básica se ubica cerca de los 700 dólares, lo que deja a los trabajadores universitarios en un estado de vulnerabilidad extrema.
Ante este escenario, la dirigencia gremial convocó a todo el personal docente, administrativo y obrero a asistir este miércoles al Consejo Universitario para definir nuevas acciones de protesta. La comunidad académica exige el respeto a las tablas salariales y la restitución de los derechos laborales que han sido erosionados por la actual política económica.
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