Mediante la sentencia N° 0515, el máximo tribunal del país avala la prórroga de medidas extraordinarias por un lapso de 60 días, otorgando respaldo jurídico al Ejecutivo para la gestión fiscal y financiera.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este viernes la plena conformidad con la Carta Magna del Decreto N° 5.314, mediante el cual la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratifica el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.
Validez jurídica y alcance
De acuerdo con el fallo oficial, con fecha del 16 de abril de 2026, el máximo tribunal determinó que el instrumento cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Esta medida, que se extiende por un lapso de sesenta (60) días, constituye el cuarto decreto de esta naturaleza emitido desde abril del año 2025, manteniendo la continuidad de la estrategia gubernamental ante la actual coyuntura nacional.
Facultades del Ejecutivo
Con el aval del TSJ, el Ejecutivo nacional mantiene la potestad para implementar acciones extraordinarias destinadas a mitigar las dificultades que impactan los sectores financiero, tributario y productivo. Entre las competencias otorgadas bajo este estado de excepción, destacan:
Gestión fiscal: Optimización de mecanismos de recaudación y gasto.
Política cambiaria: Regulación y supervisión de los flujos monetarios.
Regulación económica: Implementación de medidas especiales para garantizar la estabilidad de los servicios y la producción nacional.
Compromiso con la transparencia
La Sala Constitucional enfatizó su competencia exclusiva para el ejercicio del control constitucional sobre los decretos de excepción, garantizando que estos se mantengan dentro del marco del Estado de Derecho. Como parte del cumplimiento de este mandato, el TSJ ha ordenado la publicación íntegra de la sentencia en la Gaceta Oficial, así como su difusión masiva a través de los portales electrónicos y medios del Poder Judicial, asegurando el conocimiento público de los alcances de la medida.
Con este pronunciamiento, el Estado venezolano reafirma la hoja de ruta legal que guiará la administración económica durante los próximos dos meses, enmarcándola en la institucionalidad vigente.
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