El Parlamento difiere la discusión final para robustecer el instrumento legal que busca abrir el sector minero a capitales internacionales, tras el renovado interés de empresas estadounidenses en el oro venezolano.
La Asamblea Nacional (AN) registró este jueves un avance sustancial en la configuración del nuevo marco jurídico minero del país. Durante la sesión ordinaria, el cuerpo legislativo aprobó un bloque de 55 artículos —de un total de 130— que integran el Proyecto de Ley de Minas, una normativa diseñada para sustituir al decreto vigente desde 1999 y que pretende dinamizar la economía mediante la apertura al sector privado y extranjero.
Pese al progreso, la Cámara acordó posponer el cierre de la segunda discusión. La propuesta de diferimiento fue presentada por el diputado Orlando Camacho (Movimiento Somos Venezuela), quien subrayó la necesidad de «robustecer» el articulado por instrucción de la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, asegurando que el instrumento brinde las garantías necesarias para los nuevos actores económicos.
El Estado mantiene el control estratégico y el BCV la preferencia
Entre lo aprobado esta jornada, destacan definiciones sobre la soberanía y el control financiero de los recursos:
Minerales Radioactivos: El artículo 36 establece que el Estado se reserva con carácter estratégico la actividad primaria, aprovechamiento y comercialización de minerales radioactivos por razones de interés público.
Derecho Preferente del BCV: El artículo 37 ratifica que el Banco Central de Venezuela posee la prioridad para la compra del oro proveniente de cualquier actividad minera en el territorio nacional, transacciones que deberán canalizarse a través del Ministerio de Minas.
Nueva Fiscalización: Se dio luz verde a la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Artículo 13), ente que centralizará la supervisión, control y recaudación de tributos y regalías del sector.
Seguridad jurídica y arbitraje: El puente hacia Washington
El proyecto de ley surge en un contexto de deshielo diplomático y comercial. La reciente visita a Caracas del secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, y la posterior licencia emitida por el Departamento del Tesoro para la explotación de oro, han acelerado la necesidad de un marco legal que ofrezca «seguridad jurídica» (numeral 5 del artículo 11).
Un aspecto novedoso es el artículo 9, que abre la puerta a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, permitiendo que controversias no resueltas amigablemente puedan dirimirse fuera de los tribunales ordinarios si las partes así lo acuerdan.
De concretarse su aprobación definitiva en las próximas sesiones, esta ley marcará el fin de la era de la Ley de Minas de 1999, adaptando la normativa venezolana a los estándares de inversión global y permitiendo la entrada formal de consorcios estadounidenses deseosos de operar en el arco minero bajo el nuevo esquema de licencias.
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