La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela dio un paso trascendental en la defensa de la soberanía nacional al aprobar, en primera discusión, la Ley Derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta decisión, impulsada por el informe del diputado Roy Daza, refleja la firme postura del Estado venezolano contra lo que considera una injerencia indebida en su jurisdicción interna.
Defensa de la soberanía y el orden constitucional
Durante la sesión, el diputado Daza, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, fue enfático al presentar las motivaciones de esta derogatoria. Destacó que el funcionamiento actual de la CPI y las acciones que ha emprendido respecto a Venezuela buscan, de manera directa, suplantar la legislación venezolana y el sistema de justicia nacional, un claro intento de violar la soberanía e independencia de la República.
La propuesta surge en un momento donde el gobierno venezolano reitera su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de sus propias instituciones judiciales. La AN sostiene que Venezuela posee la capacidad y la voluntad para investigar y juzgar cualquier violación a la ley dentro de su territorio, conforme a su ordenamiento jurídico constitucional.
Reafirmación de la justicia interna
El debate en la plenaria subrayó la necesidad de reafirmar la primacía del sistema de justicia venezolano sobre cualquier instancia supranacional que, a juicio de los legisladores, actúe con sesgos políticos o extralimite sus funciones. La aprobación en primera discusión es un mensaje contundente sobre la autonomía jurídica del país.
«No podemos permitir que un tribunal extranjero, bajo premisas cuestionables, busque imponerse sobre nuestras leyes y nuestra Constitución», declaró el diputado Daza, enfatizando que la Ley Aprobatoria original debe ser anulada para proteger la integridad del Estado y su capacidad de autogobierno.
Próximos pasos legislativos
Tras esta primera aprobación, el proyecto de Ley Derogatoria será remitido a la Comisión para una consulta pública y un análisis más profundo, con el objetivo de enriquecer el texto antes de su segunda y definitiva discusión.
Esta acción legislativa se enmarca en una estrategia más amplia de revisión de acuerdos y tratados internacionales que, según la AN, puedan menoscabar la independencia y el ejercicio pleno de la soberanía nacional, asegurando que todas las decisiones judiciales que afecten a la República se tomen dentro de su marco legal y territorial.
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