El proceso consultivo iniciará el próximo 1 de junio con el objetivo de transformar el sistema judicial, combatir la extorsión en los tribunales y agilizar los retrasos procesales en toda Venezuela.
Transformación profunda del sistema
El Gobierno venezolano iniciará un proceso de debate en todo el país para reestructurar el funcionamiento de los tribunales y centros de reclusión. Durante una reunión transmitida en vivo por el canal estatal Venezolana de Televisión, la alta funcionaria explicó el propósito de esta medida trascendental. Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos, indicó Rodríguez para fundamentar las decisiones legales que se vienen tomando en el Ejecutivo nacional.
El propósito central de este despliegue es escuchar a las comunidades, especialistas y sectores civiles para construir un marco legal más justo. Según las autoridades, la participación ciudadana resultará vital para identificar los nudos críticos que impiden la aplicación correcta de las leyes vigentes y para proponer soluciones concretas desde las bases sociales.
Combate frontal a la corrupción
Una de las razones principales para impulsar esta iniciativa es la necesidad urgente de erradicar las prácticas delictivas que ocurren en las sedes judiciales del territorio nacional. La vocera gubernamental aseguró que actualmente existen jueces en el país que se dedican a pedir comisiones de dinero o a extorsionar a los detenidos y a sus familiares a cambio de otorgarles las medidas de libertad que por derecho les corresponden.
Este tipo de conductas debilita la confianza institucional y afecta directamente a los ciudadanos más vulnerables. La consulta nacional buscará crear mecanismos más estrictos de supervisión y control para castigar con severidad a los funcionarios que abusen de su poder o soliciten prebendas económicas para agilizar los trámites correspondientes.
Reestructuración interna del máximo tribunal
Para empezar a atacar el problema del retardo procesal, Rodríguez recordó que este mismo viernes se firmó la reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Explicó que este instrumento legal aumentó la cantidad de magistrados principales dentro del máximo tribunal de la república, pasando de 20 a 32 magistrados en total, una medida operativa con la que espera que se incremente de forma inmediata la actividad judicial y la revisión de expedientes acumulados en las distintas salas.
Con esta ampliación de la directiva judicial, se busca dinamizar la toma de decisiones y descongestionará el flujo de casos que ingresan diariamente al sistema. Las autoridades confían en que una mayor cantidad de jueces dedicados a la revisión legal disminuirá considerablemente el tiempo de espera de los privados de libertad.
Exhorto a evitar la politización
Finalmente, se hizo un llamado categórico a todos los sectores para que no se politice ni se utilice con fines partidistas este debate nacional. Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país, subrayó Rodríguez ante las cámaras. Cabe recordar que el pasado mes de abril ya se había instalado de manera formal la comisión para la gran consulta sobre la reforma a la justicia penal, buscando erradicar los males y vicios que persisten en los tribunales y centros penitenciarios del país.
