La presidenta encargada sostiene que los recursos enterrados no generan desarrollo y respalda la alianza estratégica binacional.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este sábado un mensaje a la nación para asumir una firme defensa del acuerdo energético suscrito con el Gobierno de Estados Unidos. En su alocución, la alta funcionaria argumentó que la firma de este convenio marca una posición de pragmatismo económico imprescindible, asegurando que mantendrá la soberanía técnica e institucional del país sobre los recursos del subsuelo mientras impulsa la reactivación de la industria nacional.
La ineficiencia de mantener recursos bajo tierra sin explotación
El núcleo fundamental de la postura expuesta por la mandataria se basó en una crítica frontal contra la inactividad de los activos energéticos. Rodríguez sostuvo con contundencia que de nada sirve poseer las mayores reservas petroleras del planeta enterradas únicamente para engordar una estadística o figurar en una contabilidad internacional. A su juicio, el valor real de los hidrocarburos no reside en su existencia en el subsuelo, sino en la capacidad operativa de transformarlos en bienestar económico tangible y crecimiento social para la población.
Un modelo binacional para recuperar la capacidad productiva
Para justificar la asociación con el sector estadounidense, la funcionaria detalló un esquema de trabajo estructurado en el principio de la complementariedad. De acuerdo con lo planteado por Rodríguez, Venezuela aporta la riqueza del recurso, sus instalaciones industriales y la experiencia de los trabajadores del sector. Por su parte, la contraparte norteamericana sumará el financiamiento y la tecnología de última generación requeridos para recuperar los activos. Este plan abarcará 17 bloques estratégicos por un lapso de 25 años y busca superar una extracción de 1,5 millones de barriles diarios.
Transformación de los ingresos en impacto social prioritario
En la defensa del marco de cooperación, Rodríguez recalcó que el objetivo final de la aceleración productiva es la captura de ingresos fiscales para la estabilidad macroeconómica. Los dividendos que genere la comercialización del crudo serán canalizados de manera prioritaria hacia el financiamiento del sistema público de salud, la infraestructura educativa, la red de carreteras y la modernización de los servicios básicos. Asimismo, puntualizó que la inyección financiera permitirá sostener la creación de empleo productivo y ejecutar ajustes progresivos en las tablas salariales del sector trabajador.
Garantía de soberanía nacional y proyección a largo plazo
Finalmente, la presidenta encargada ratificó que el mecanismo alcanzado no compromete la titularidad pública ni la propiedad de la nación sobre sus yacimientos, respondiendo directamente a los cuestionamientos sobre el alcance del tratado. Concluyó señalando que el acuerdo a un cuarto de siglo sienta las bases para consolidar un flujo financiero predecible, permitiendo a la economía nacional superar la dependencia de las fluctuaciones externas y financiar la reconstrucción productiva con recursos propios derivados de la actividad petrolera.
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