El nuevo marco legal busca incrementar la oferta de viviendas e incluye una línea de crédito con subsidios directos de hasta el 80% para atender la contingencia habitacional.
La presidenta Delcy Rodríguez oficializó este viernes la promulgación de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles. La legislación, sancionada recientemente de forma unánime por la Asamblea Nacional, responde a la necesidad urgente de reordenar y dinamizar el mercado inmobiliario del país.
Apoyo financiero para el sector habitacional
Durante el acto oficial, la mandataria destacó que el objetivo prioritario es incentivar a los propietarios a colocar sus inmuebles en oferta. Para lograrlo, el Ejecutivo activó un Plan Crediticio con Subsidio Directo que cubrirá hasta el 80% del financiamiento, facilitando el acceso a soluciones habitacionales formales.
En sus palabras, la jefa de Estado agradeció el respaldo del Parlamento y enfatizó que esta política representa una respuesta concreta a la demanda social de techo propio y alquiler justo en un contexto económico complejo.
Garantías legales y resguardo social
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fundamentó la urgencia de la norma en la contingencia generada tras el reciente doble terremoto que afectó diversas zonas del país. El parlamentario señaló que la ley actúa como un mecanismo directo de protección social para las familias damnificadas.
Asimismo, el diputado ratificó el compromiso del Poder Legislativo con el amparo constitucional del derecho a la vivienda, asegurando que la normativa ofrece un marco de seguridad jurídica equitativo tanto para arrendadores como para arrendatarios.
Despliegue territorial con las comunidades
El anuncio tuvo lugar en el municipio Sucre del estado Miranda, donde la presidenta sostuvo una asamblea de trabajo con representantes de distintas juntas de condominio locales.
En este encuentro territorial se presentaron los detalles operativos de la línea de créditos, estableciendo mesas de trabajo comunitarias para agilizar la captación de solicitudes y garantizar la transparencia en la adjudicación de los subsidios gubernamentales.
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