La presidenta encargada afirmó que la medida de la Ofac representa un avance necesario para la normalización económica de la nación.
Un reconocimiento a la legitimidad del estado
La presidenta encargada de la república, Delcy Rodríguez, valoró positivamente la reciente actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), la cual formalizó su retiro de la lista de ciudadanos sancionados por el departamento del tesoro. Durante su intervención, la mandataria destacó que este movimiento es un paso lógico tras los cambios políticos recientes y la reconfiguración del poder tras la captura de Nicolás Maduro.
Para Rodríguez, su exclusión de estas listas no es un hecho aislado, sino una validación de la estabilidad institucional que busca proyectar su gestión ante la comunidad internacional. La mandataria subrayó que el reconocimiento de su estatus jurídico es fundamental para que el país pueda reinsertarse plenamente en los circuitos financieros globales de los que fue desplazado injustamente en años anteriores.
Hacia el levantamiento de las restricciones financieras
El foco principal de la presidenta encargada fue la necesidad de que esta acción trascienda lo personal y se convierta en una política generalizada. Delcy Rodríguez destacó que, con esta acción, se permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre el país, las cuales han limitado el crecimiento de sectores estratégicos. Según su visión, no se puede hablar de una apertura real mientras el estado venezolano no recupere el manejo total de sus activos en el exterior.
Rodríguez enfatizó que la recuperación económica de Venezuela está intrínsecamente ligada al cese de las medidas coercitivas. En este sentido, instó a los organismos internacionales a observar este cambio como una oportunidad para iniciar una nueva etapa de cooperación técnica y comercial que beneficie directamente a la población y a la infraestructura nacional, severamente golpeada por el bloqueo.
Compromiso con la estabilidad y el diálogo
Finalmente, la presidenta encargada reafirmó su compromiso de liderar una transición que garantice la paz social. Aseguró que su administración continuará trabajando para que todas las restricciones administrativas que pesan sobre el país sean removidas. Para la mandataria, este es el momento de consolidar una agenda soberana que permita a la nación ejercer sus derechos comerciales sin tutelajes ni presiones externas.
Con este pronunciamiento, el gobierno encargado busca capitalizar la decisión de la Ofac como un triunfo diplomático que podría sentar las bases para futuras negociaciones económicas de alto nivel con actores internacionales y empresas del sector energético.
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