Como parte de las acciones para mitigar riesgos tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, las autoridades iniciaron el derribo de edificaciones con daños severos, consolidando un contrato con la firma Miyamoto International para la remoción de tres millones de toneladas métricas de residuos.
El gobierno interino informó este lunes 7 de septiembre sobre la ejecución de un plan integral de derribos que contempla la demolición controlada de 39 edificios con daños estructurales irreparables en el estado La Guaira, la región más golpeada por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.
De acuerdo con la información difundida por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), la lista oficial de inmuebles señalados forma parte de una estrategia orientada a garantizar la seguridad ciudadana y mitigar riesgos en las zonas costeras más vulnerables.
Procesamiento ecológico y tecnología nacional
Los restos derivados de las demoliciones serán trasladados de manera sistemática hacia el Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda, un complejo de ocho hectáreas equipado para procesar hasta 600 toneladas de escombros por hora, operando bajo rigurosos protocolos ambientales para impedir la contaminación del ecosistema marino.
Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que los operativos iniciales de demolición controlada —iniciados formalmente el pasado 30 de julio— se han desarrollado de manera exitosa gracias al despliegue de expertos e ingeniería nacional.
Cooperación técnica internacional
En paralelo a las labores de despeje, el Ejecutivo nacional concretó el pasado viernes 4 de septiembre la firma de un contrato estratégico con la prestigiosa compañía global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos. El acuerdo contempla, en su primera fase, la remoción masiva de tres millones de toneladas métricas de escombros.
Asimismo, el Ministerio de Comunicación resaltó que el convenio facilitará el intercambio de conocimientos técnicos, la actualización de los códigos y estándares de construcción en el territorio nacional, y la implementación de protocolos avanzados para la prevención y gestión de desastres.
Las acciones se ejecutan en el marco de la recuperación integral de la entidad costera, tras el último balance oficial emitido el pasado 24 de agosto, el cual cifró en 6.509 los fallecidos y dejó miles de viviendas con daños estructurales graves y moderados a consecuencia de la catástrofe natural.
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