La ONG y reportes en terreno confirman incursiones aéreas con helicópteros Cougar y comisiones de la Dgcim en Sifontes. El operativo coincide con la reciente flexibilización de licencias de EE. UU. y la reforma legal para abrir el negocio del oro a capitales extranjeros.
El sur del estado Bolívar se convirtió este martes 9 de junio en el epicentro de un fuerte despliegue militar que mantiene en vilo a las poblaciones locales. La organización no gubernamental SOS Orinoco reportó una situación de “alta tensión” en el corredor vial que conecta el kilómetro 33 con el kilómetro 88, específicamente en el sector Las Claritas (municipio Sifontes), donde comisiones de las fuerzas de seguridad del Estado ejecutan una ofensiva contra las estructuras armadas que controlan la minería ilegal.
De acuerdo con datos corroborados en el terreno, la operación cuenta con el soporte técnico y de fuego de al menos dos helicópteros AS 532AC Cougar de la Aviación Militar, encargados de dar cobertura y realizar tareas de vigilancia. Asimismo, se detectó la presencia en el área de funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El periodista especializado Fritz Sánchez denunció a través de plataformas digitales que los comandos especiales iniciaron el desalojo forzoso de varios campamentos mineros en Las Claritas y el kilómetro 88.
Opacidad oficial y el factor geopolítico
Pese a que las redes sociales se inundaron de videos que registran detonaciones y sobrevuelos —algunos de ellos desactualizados, según advirtió SOS Orinoco debido al cerco informativo—, ninguna autoridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ni del Ejecutivo central ha ofrecido un balance o explicado los objetivos reales de la incursión. Por su parte, la gobernadora de la entidad, Yulisbeth García, guardó silencio sobre este evento, tras haber desmentido un día antes falsos rumores sobre supuestas operaciones conjuntas con militares extranjeros en el vecino municipio El Callao.
Para SOS Orinoco, este súbito interés del Estado por intervenir militarmente los ricos yacimientos de Las Brisas y Las Cristinas —zonas históricamente marcadas por litigios transnacionales— no es casual, sino que responde a una reconfiguración del control territorial motivada por intereses comerciales de alto nivel.
El giro comercial del oro: El despliegue de fuerza coincide con un nuevo tablero económico. A principios de marzo, tras una reunión entre el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, y la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, el Departamento del Tesoro norteamericano emitió la Licencia General N.º 51. Esta medida autoriza la compra, transporte y refinación de oro venezolano en territorio estadounidense. En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó en abril una reforma a la Ley de Minas de 1999 para permitir formalmente la inversión privada y extranjera en la explotación de minerales estratégicos.
Advertencia por impacto humanitario
La oenegé ambientalista enfatizó que la violencia actual en el municipio Sifontes es una «consecuencia directa» del modelo extractivista impuesto desde 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco, un decreto que delimitó más de 111.000 kilómetros cuadrados para la explotación sin avales legislativos ni estudios de impacto socioambiental.
Finalmente, SOS Orinoco advirtió que una respuesta estrictamente militar, que no desmonte de raíz las redes financieras informales ni las gobernanzas criminales que el propio Estado toleró durante años, representa un peligro inminente. La organización alertó sobre el riesgo de que estas acciones profundicen la crisis humanitaria en el sur del país a través de desplazamientos forzados, abusos contra civiles y una mayor desestabilización social en los pueblos mineros.
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