La restitución de propiedades estatizadas en Venezuela surge como una estrategia clave para transmitir estabilidad jurídica, acelerar la apertura económica y reactivar la llegada de capitales privados internacionales.
El Gobierno venezolano evalúa la restitución de propiedades y activos expropiados durante las últimas décadas como una señal estratégica para restaurar la confianza del capital privado. Tras años de un modelo centrado en la estatización de industrias, comercios y terrenos agrícolas, la administración pública busca enviar un mensaje claro hacia los mercados internacionales. El proceso requiere definir con precisión qué bienes son viables para devolución, auditar el estado físico y operativo en el que se encuentran tras años de gestión estatal, e identificar formalmente a sus legítimos propietarios o a los titulares de sus derechos corporativos.
Esta postura coincide con una coyuntura de acercamiento pragmático entre Venezuela y Estados Unidos, escenario que presiona en favor de una mayor flexibilización económica y comercial. La atracción de inversión privada extranjera se ha convertido en un objetivo central para la sostenibilidad del mercado interno, condicionado por la urgencia de modernizar infraestructura obsoleta y reanimar el tejido productivo nacional. En este marco, la restitución de propiedad privada actúa como el indicador primario para evaluar la seguridad jurídica del país.
El miembro de la Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, Luigi Pisella, sostiene que la devolución efectiva de estos activos es el mecanismo más rápido para enviar certezas al sector corporativo. Pisella ha insistido en acelerar la entrega de propiedades específicas con el fin de demostrar que el crecimiento económico venezolano es sostenible a largo plazo y no producto de un rebote coyuntural. Desde la perspectiva empresarial, sin la devolución formal de estos bienes, el discurso de apertura carece del sustento técnico necesario para mitigar el riesgo de los inversionistas.
Obstáculos técnicos y la falta de inventario oficial
El camino hacia la restitución enfrenta serias complejidades operativas y legales. Datos aportados por la coordinadora de Cedice Libertad, Ana María Carrasquero, señalan la existencia de 1.757 registros de afectaciones al derecho de propiedad privada en el país. De ese total, 654 corresponden formalmente a expropiaciones o adquisiciones forzosas, mientras que más de 1.100 se agrupan en otras modalidades de ocupación e intervención estatal. La falta de transparencia acumulada durante años impide contar hoy con un inventario público actualizado y consolidado de todos los bienes susceptibles de ser devueltos.
Ante este vacío de información, organizaciones de la sociedad civil y gremios han avanzado en la redacción de un Anteproyecto de Ley de Devolución de Bienes para dotar al proceso de un marco legal transparente. Sin embargo, los expertos advierten que la inactividad de una planta o predio no facilita automáticamente su restitución. La variable determinante en este proceso no es el nivel de operatividad del activo, sino la trazabilidad de los derechos de propiedad y la resolución de pasivos acumulados. La recuperación de la confianza económica dependerá de la rigurosidad jurídica con la que se ejecuten estas devoluciones.
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