La octogenaria murió este domingo 17 de mayo, apenas diez días después de que el Ministerio Penitenciario confirmara el deceso de Víctor Hugo Quero tras meses de opacidad. Organizaciones de DD. HH. denuncian el grave impacto de la persecución en los entornos familiares.
El dolor por el luto y las secuelas del desgaste institucional cobraron una nueva vida en el entorno de los presos políticos venezolanos. Este domingo 17 de mayo se confirmó el sensible fallecimiento de Carmen Teresa Navas, de 82 años, una madre que dedicó los últimos meses de su vejez a recorrer los centros de reclusión del país en una búsqueda desesperada por hallar a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia estatal fue admitido oficialmente hace apenas diez días.
El calvario de la octogenaria comenzó tras el arresto de Quero Navas, un trabajador informal de 51 años, quien inicialmente fue confinado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, antes de ser enviado al Internado Judicial El Rodeo I, en el estado Miranda. A partir de ese momento, la estructura del Estado impuso un severo bloqueo de información. Doña Carmen llegó a visitar un total de 21 recintos penitenciarios y oficinas públicas recibiendo la misma respuesta evasiva: “Aquí no está”.
La confirmación de su deceso fue divulgada en plataformas digitales por el fotoperiodista Rafael Hernández Marcano y la comunicadora Maryorin Méndez, quienes acompañaron de cerca la desmejora física y emocional de la anciana mientras enfrentaba el silencio oficial.
“Falleció Carmen Teresa Navas, quien lo dio todo para dar con el paradero de su hijo (…). El mejor homenaje que se le puede hacer es enterrarla al lado de su hijo”, manifestó Méndez mediante un registro audiovisual que detalla las últimas y complejas horas de vida de la mujer.
Una verdad que llegó con un año de retraso
El pasado 7 de mayo, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario quebró el hermetismo al notificar que Quero Navas había fallecido el 24 de julio de 2025 en las instalaciones del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, atribuyendo la causa médica a una insuficiencia respiratoria aguda provocada por un tromboembolismo pulmonar.
Esta fe de vida negativa se entregó a los familiares casi diez meses después de haber ocurrido el fallecimiento real, lapso durante el cual el ciudadano permaneció bajo la figura de desaparición forzada, de acuerdo con las denuncias consignadas por bufetes de derechos humanos. Para los activistas, la muerte de la señora Navas —ocurrida a escasos días de conocer la trágica noticia— evidencia cómo el castigo de la opacidad estatal trasciende al prisionero y destruye los núcleos familiares.
El rostro femenino del drama carcelario
Las organizaciones no gubernamentales aprovecharon el hecho para visibilizar el rol crítico y el costo desproporcionado que asumen las mujeres en el contexto de la crisis humanitaria y política. Son madres, hijas o hermanas quienes mayoritariamente asumen los roles de defensa, pernoctan a las puertas de las prisiones, asumen los altos costos económicos de la manutención carcelaria y sufren el quiebre de su salud.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) decretó un luto institucional ante la partida de quien definieron como un símbolo de las madres buscadoras. En sus balances, la organización alertó sobre una grave realidad estructural: entre los meses de abril y lo que va de mayo de 2026 se han documentado 16 muertes bajo la custodia de los organismos de seguridad del Estado. Asimismo, la ONG recordó que el registro actual en el país se mantiene en 663 presos políticos y 21 personas en situación de desaparición forzada.
Por su parte, la organización Foro Penal emitió un pronunciamiento de condolencias recalcando el temple de doña Carmen, quien a pesar de recibir el dictamen oficial en las vísperas del Día de las Madres, jamás claudicó en su exigencia de justicia y dignidad, un legado que ahora compromete el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país.
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