Tras las revelaciones del portal El Español, la «presidencia encargada» desmiente formalmente el financiamiento ilícito a la política española y asegura que las acusaciones buscan desestabilizar la gestión actual.
En una respuesta contundente a las publicaciones internacionales, el gobierno de la «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, desmintió este martes 24 de marzo las informaciones que la vinculan con una presunta red de financiamiento ilegal hacia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Internacional Socialista.
A través de los canales oficiales de Miraflores Al Momento, el Ejecutivo calificó como «falsa» la narrativa presentada por el medio europeo, la cual sostiene que fondos provenientes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron utilizados para respaldar estructuras políticas en España.
Las claves de la controversia: El factor Aldama
La noticia que originó la reacción oficial se basa en testimonios y documentos presentados ante la Audiencia Nacional de España por el empresario Víctor de Aldama. Según esta versión:
El acuerdo de Barajas: Se alega que en enero de 2020, Rodríguez negoció con el entonces ministro José Luis Ábalos un cupo de 6 millones de barriles de crudo.
Cifras bajo sospecha: La documentación sugeriría un flujo de hasta 250 millones de euros destinados al PSOE y a la organización que preside Pedro Sánchez desde 2022.
Contexto de una presidencia bajo asedio
Este choque informativo ocurre en un escenario político inédito. Delcy Rodríguez asumió el rol de «presidenta encargada» el pasado enero, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses.
Mientras este escándalo escala, la diplomacia española mantiene una postura ambivalente. Por un lado, el Gobierno de España ha declarado que no reconoce al anterior «régimen» de Maduro, pero rechaza intervenciones que vulneren el derecho internacional.
Diplomacia y sanciones en la balanza
Curiosamente, el desmentido de Miraflores coincide con una gestión activa del canciller español, José Manuel Albares, quien ha solicitado formalmente ante la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones personales contra Rodríguez.
«Las sanciones son un medio, no un fin; el objetivo es permitir un diálogo amplio y democrático en Venezuela», afirmó Albares, tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional venezolana.
Este cruce de acusaciones y gestos diplomáticos subraya la fragilidad de la transición venezolana y la importancia estratégica de PDVSA como eje de las disputas geopolíticas entre Caracas y Madrid.
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