El SNTP y el CNP participarán en instancias de debate sobre derechos humanos, acceso a la información y sostenibilidad de medios. A pesar del acercamiento impulsado por el programa de convivencia política, los representantes gremiales exigen medidas urgentes, como el cese de la censura digital y la libertad plena para comunicadores con medidas judiciales.
En un intento por abordar la compleja situación de la libertad de prensa en el país, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y voceros del programa de convivencia promovido por el Ejecutivo, acordaron la instalación de mesas de trabajo técnicas. El objetivo es diseñar mecanismos de protección y garantías para el periodismo en un entorno marcado por severas restricciones.
Ejes de discusión: De lo legal a lo tecnológico
El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, detalló que la agenda se dividirá en tres áreas fundamentales que comenzarán a sesionar tras el asueto de Semana Santa:
Protección y Marco Legal: Enfocada en los derechos humanos de los reporteros y la revisión de las leyes que regulan la actividad.
Entorno Operativo: Abordará el acceso a fuentes oficiales, la censura, los bloqueos digitales y la precarización de las condiciones laborales.
Innovación y Ética: Un espacio para debatir sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, nuevos formatos y la sostenibilidad económica de las empresas de comunicación.
Voluntad política frente a cifras críticas
Pese a valorar el espacio de diálogo, la dirigencia gremial recordó que Venezuela llega a estas mesas en una situación de «emergencia». Según el Índice Chapultepec 2025, el país ocupa el último lugar en libertad de expresión entre 23 naciones del continente, con una puntuación de apenas 7,02 sobre 100.
Delvalle Canelón, presidenta encargada del CNP, subrayó que existen problemas cuya solución solo requiere «voluntad política», como el levantamiento del bloqueo a portales informativos gestionado por Conatel. Por su parte, Ruiz insistió en que el Estado debe otorgar libertad plena a los periodistas que aún enfrentan procesos judiciales, como una señal de buena fe previa al debate.
Plazos y participación
Indira Urbaneja, integrante del programa de convivencia ciudadana, señaló que esta iniciativa surgió tras consultas con dueños de medios y comunicadores de diversas tendencias. Una vez instaladas las mesas, se espera que en un plazo de 15 días se presente un documento preliminar con propuestas concretas para elevar a las instancias correspondientes del Gobierno nacional.
La comunidad periodística se mantiene a la expectativa de si este proceso derivará en cambios estructurales o si se limitará a una instancia de consulta sin impacto en las políticas de control vigentes.
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