El presidente de la Asamblea Nacional reconoce fallos en las políticas de expropiación y asoma posibles rectificaciones para el sector productivo venezolano.
Un reconocimiento histórico sobre la política agrícola
Durante una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta este lunes 2 de marzo de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, marcó un hito en el discurso oficial al reconocer por primera vez que la política de expropiaciones aplicada en años anteriores tuvo fallos críticos. El jefe del parlamento se mostró reflexivo sobre las consecuencias de estas medidas en el aparato productivo nacional.
Al ser consultado sobre las decisiones tomadas contra el sector privado, Rodríguez fue enfático al señalar el caso de la principal distribuidora de insumos agrícolas del país. «Yo opino que el caso de Agroisleña fue un error», afirmó de manera tajante, añadiendo que, debido a la relevancia estratégica de la empresa, debió buscarse una solución consensuada y acordada con los dueños originales en lugar de la toma forzosa.
El impacto en la cadena de suministros del campo
Durante la conversación, el parlamentario explicó que la intervención de este consorcio no fue un evento aislado, sino que afectó profundamente la logística y la cadena de suministros del campo venezolano. Jorge Rodríguez recordó que Agroisleña era uno de los consorcios más grandes que existía en materia de insumos, actuando como un pulmón fundamental para los productores pequeños y medianos.
La desaparición de su modelo operativo tradicional generó vacíos difíciles de llenar por el Estado, lo que derivó en complicaciones para la siembra y la cosecha a nivel nacional. Esta autocrítica surge en un contexto donde el país busca desesperadamente estabilizar su seguridad alimentaria y atraer inversiones que permitan recuperar los niveles de exportación agrícola de décadas pasadas.
Hacia una revisión profunda de la propiedad privada
Además de referirse puntualmente al sector agrícola, Jorge Rodríguez dejó abierta la puerta a una rectificación más amplia dentro del marco legal y ejecutivo. «Creo que como ese, debe haber algunos otros casos que tienen que revisarse», declaró, sugiriendo que el Estado venezolano está en una etapa de auditoría sobre las expropiaciones que resultaron ineficientes o perjudiciales para la economía.
Esta postura representa un cambio significativo en la narrativa parlamentaria, sugiriendo que la protección a la propiedad privada y la seguridad jurídica podrían volver a ser prioridades en la agenda legislativa para fomentar un clima de confianza empresarial.
Gestiones para el resarcimiento y devolución de activos
Ante la pregunta directa de Luis Olavarrieta sobre la existencia de mecanismos reales para resarcir estos daños o devolver propiedades a sus legítimos dueños, el presidente de la Asamblea Nacional asomó que el Ejecutivo nacional ya ha iniciado gestiones en esa dirección. Aunque no ofreció detalles técnicos sobre los expedientes en revisión, su respuesta fue optimista.
«Yo creo que ya el gobierno está trabajando en eso», respondió Jorge Rodríguez, indicando que existen mesas de trabajo dedicadas a evaluar la devolución de activos o la compensación justa en aquellos casos donde la gestión estatal no cumplió con los objetivos de bienestar social y producción previstos originalmente.
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