La Asamblea Nacional avanzó en la modificación de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El proyecto propone sustituir penas de cárcel por sanciones administrativas y económicas, abriendo un debate parlamentario entre la reconciliación nacional y los reclamos de la oposición.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La propuesta busca redefinir el alcance del instrumento promulgado en 2017 para orientarlo hacia un enfoque preventivo y promover el reencuentro político en el país.
Cambios normativos y sanciones
El texto presentado ante el Parlamento contempla la despenalización de tipos penales vigentes y la sustitución de las penas de prisión por sanciones administrativas y penalizaciones económicas. Las multas se calcularán entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. La aplicación y supervisión de estas medidas quedará bajo la competencia de las autoridades ejecutivas encargadas de la seguridad y política interior.
Debate parlamentario y posturas
Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la necesidad de reformar la norma para consolidar un proceso de reconciliación y reducir la polarización en la vida política. Por su parte, sectores de la oposición manifestaron reservas sobre la propuesta. Varios parlamentarios argumentaron que el proyecto requiere cambios de fondo o su derogación total, señalando que la sustitución de penas corporales por multas financieras no garantiza la protección plena de las libertades públicas.
Consulta pública y trámite legislativo
Tras la aprobación en este primer debate, la comisión especial designada iniciará un proceso de consulta pública nacional para recibir aportes de diversos sectores de la sociedad civil, juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Una vez compiladas las propuestas, la comisión redactará el articulado final que será sometido a una segunda discusión en el pleno parlamentario previa a su eventual promulgación.
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