Nicolás Maduro y Cilia Flores, la pareja presidencial venezolana, comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, para enfrentar los graves cargos de narcotráfico presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta aparición marca la culminación de una dramática extracción militar ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas durante la madrugada del sábado, una acción que ha sacudido las bases del orden internacional.
En la lectura de cargos, la pareja se declaró no culpable ante el experimentado juez federal de distrito Alvin Hellerstein, de 92 años. La defensa, a cargo del abogado Barry Pollack, conocido por haber representado previamente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, optó por no solicitar en esta ocasión el derecho a fianza para sus clientes.
Una extracción que viola principios de la ONU
La atención internacional se centra no solo en el proceso judicial, sino en la legalidad de la operación de extracción. Esta drástica intervención militar de Estados Unidos en la capital venezolana, la más significativa en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989, ha generado una ola de críticas y condenas por parte de expertos en derecho internacional y varias naciones.
El secretario general de la ONU, António Guterres, fue uno de los primeros en expresar su inquietud por la inestabilidad y la legalidad del ataque. Para muchas naciones, la acción unilateral de Washington constituye una violación flagrante de principios cardinales de la Carta de las Naciones Unidas.
Violación de la soberanía: La extracción es vista como una agresión que vulnera el principio de no injerencia, el cual prohíbe a cualquier Estado intervenir en los asuntos internos de otro. La irrupción de fuerzas militares en territorio venezolano para detener a un jefe de Estado es considerada un quebrantamiento directo de la soberanía territorial.
Ataque a la autodeterminación: La acción también es cuestionada por ir en contra del principio de autodeterminación de los pueblos, que consagra el derecho de los venezolanos a determinar libremente su condición política sin coerción militar externa.
Expertos han condenado las acciones de Trump como un repudio a un orden internacional basado en reglas, argumentando que la aplicación unilateral de la ley nacional no puede primar sobre el respeto a la soberanía y el derecho internacional.
Red de narcotráfico y vínculos criminales
La acusación contra Nicolás Maduro detalla su supuesta supervisión de una sofisticada red de tráfico de cocaína con ramificaciones internacionales. Los fiscales estadounidenses alegan que esta red ha establecido alianzas con algunos de los grupos criminales más violentos de la región, incluyendo a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la extinta guerrilla de las FARC en Colombia, y la temida pandilla venezolana Tren de Aragua.
La acción de Washington se produce en un contexto de desconocimiento de la legitimidad; Estados Unidos no ha reconocido el mandato presidencial de Maduro desde que este declarara su victoria en las elecciones de 2018, considerándolo un líder ilegítimo.
Tensión en la Corte y próxima audiencia
Fuera de la sede judicial de Manhattan, la polarización que define la política venezolana se hizo palpable. Decenas de partidarios de Maduro se congregaron, superando en número al pequeño grupo de inmigrantes venezolanos que manifestaban su oposición a la pareja acusada.
Tras la comparecencia, el juez Hellerstein fijó la próxima audiencia para la pareja presidencial venezolana para el 17 de marzo, fecha en la que el caso comenzará a dirimirse legalmente, mientras que en el escenario diplomático, el debate sobre la legalidad de la extracción continuará encendiendo la discusión global.
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