La defensa alega que el Gobierno de Estados Unidos viola la Sexta Enmienda y el debido proceso al bloquear el financiamiento legal por parte del Estado venezolano
El abogado Barry J. Pollack presentó ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York un memorial de derecho en apoyo a la moción para desestimar todos los cargos contra el Presidente Nicolás Maduro y la Primera Cama Cilia Flores. El documento, registrado bajo el expediente S4 11-CR-205 (AKH), sostiene que se impide de forma activa el derecho al debido proceso al obstaculizar que Venezuela financie la defensa de su jefe de Estado.
Según los hechos documentados por la defensa, el pasado 7 de enero se solicitaron las licencias necesarias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aunque inicialmente se otorgaron las autorizaciones para ambos el 9 de enero, menos de tres horas después la OFAC publicó una enmienda exclusiva para el mandatario venezolano que prohibía recibir dicho financiamiento, manteniendo intacta la licencia de Flores.
Intervención política y precedentes legales
La defensa califica este proceder como una intervención política directa que contradice la práctica histórica de la agencia. Un experto declaró bajo juramento que, hasta este caso, no se conocía una negativa de la OFAC ante solicitudes de este tipo, independientemente del régimen de sanciones aplicado.
El escrito incluye una declaración jurada del jurista Henry Rodríguez Facchinetti, quien certifica que la legislación nacional obliga al Estado a cubrir los gastos legales del Presidente. Por su parte, el mandatario venezolano declaró bajo juramento que no posee recursos propios para costear su defensa técnica en suelo estadounidense.
Jurisprudencia y limitaciones a la investigación
La argumentación legal se apoya en jurisprudencia federal, específicamente en el caso United States v. Stein (2008), donde el Segundo Circuito estableció que el Gobierno no puede interferir en el pago de honorarios por parte de terceros sin vulnerar la Sexta Enmienda. Bajo esta doctrina, la expectativa de recibir financiamiento se considera un derecho de propiedad legalmente protegido.
Finalmente, el equipo legal destacó que el 23 de enero se solicitó autorización para financiar un viaje de investigación a Venezuela, paso considerado indispensable ya que los hechos alegados en el expediente se extienden por 25 años y ocurrieron fuera de Estados Unidos. Hasta la fecha, la OFAC tampoco ha emitido respuesta a esta solicitud.
