
La presidenta encargada insiste en el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento válido para resolver de forma bilateral la controversia sobre el territorio Esequibo.
Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó de forma contundente la postura histórica de su país al desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa territorial con Guyana por la Guayana Esequiba. Durante una comparecencia oficial, la mandataria enfatizó que el Estado venezolano no cederá su soberanía ante tribunales internacionales.
La declaración surge en un momento de renovada tensión diplomática entre Caracas y Georgetown. Rodríguez explicó que la posición venezolana se mantiene apegada a la legalidad constitucional y al mandato del referéndum consultivo celebrado recientemente, donde la población respaldó masivamente la defensa de los derechos soberanos sobre el territorio en reclamación.
El origen del conflicto legal
Para Venezuela, el origen de la controversia se fundamenta en el fraude histórico del Laudo Arbitral de París de 1899, un mecanismo que el país considera nulo e írrito debido a las irregularidades y componendas geopolíticas de la época que pretendieron despojarlo de una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados.
Rodríguez insistió en que el único marco legal reconocido por su nación para alcanzar una solución práctica y satisfactoria es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este tratado establece que la resolución de la disputa debe darse de mutuo acuerdo mediante negociaciones directas y amistosas entre ambas partes, excluyendo la intervención de terceros sin el consentimiento expreso de Venezuela.
Impacto y próximos pasos
La presidenta encargada denunció que Guyana actúa bajo la influencia de corporaciones energéticas transnacionales, específicamente haciendo alusión a los intereses de ExxonMobil en las aguas pendientes por delimitar. Según el gobierno venezolano, la insistencia de Georgetown en acudir a la CIJ busca validar concesiones petroleras ilegales en un territorio que se encuentra bajo disputa activa.
A pesar de su rechazo a los tribunales de La Haya, el gobierno venezolano aseguró que continuará defendiendo su integridad territorial en todos los espacios políticos y diplomáticos posibles. Rodríguez concluyó afirmando que la paz de la región depende del respeto mutuo y del retorno a las vías de diálogo directo contempladas en el derecho internacional, sin imposiciones externas que vulneren la soberanía de los pueblos.
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