El órgano judicial extinguió las causas interpuestas contra el defensor de derechos humanos tras una solicitud de la Fiscalía, sobreseyendo los cargos de presunta conspiración y financiamiento al terrorismo luego de haber sido excarcelado bajo medidas cautelares en enero de 2025.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó este viernes 18 de septiembre el cierre formal del proceso penal instaurado contra Carlos Correa, reconocido defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, según confirmó la propia institución abocada a la defensa de la libertad de expresión en el país.
La decisión judicial, adoptada a petición del Ministerio Público, anula por completo los señalamientos que pesaban en su contra por presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, legitimación de capitales, conspiración y traición a la patria. La resolución pone fin a la causa penal incoada tras su excarcelación con medidas cautelares otorgadas el 16 de enero de 2025, un caso que generó amplio rechazo nacional e internacional, incluyendo el pronunciamiento del entonces mandatario colombiano, Gustavo Petro.
Reacciones del gremio y llamado por los detenidos
A través de sus canales oficiales, Espacio Público celebró la extinción del juicio, enfatizando que «la labor que Carlos Correa y la organización realizan desde hace más de dos décadas en defensa de la libertad de expresión no es, ni ha sido nunca, un delito», al tiempo que instaron a la opinión pública a mantener la atención sobre aquellos ciudadanos y trabajadores de la prensa que aún permanecen bajo medidas restrictivas o procesos judiciales.
Correa había sido objeto de aprehensión el 7 de enero de 2025 en el centro de Caracas por comisiones de seguridad, en una jornada donde también se ejecutaron los procedimientos contra el excandidato presidencial Enrique Márquez y Rafael Tudares —ambos hoy en libertad—. Tras el dictamen del tribunal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su satisfacción por el sobreseimiento del activista, demandando a su vez el levantamiento inmediato de las causas penales que aún enfrentan cinco profesionales del periodismo en el territorio nacional.
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