El proceso participativo, que abarca desde debates comunitarios hasta plataformas digitales, busca recolectar propuestas para erradicar el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza en el país.
Con el objetivo de diagnosticar, debatir y reformar las bases del marco judicial venezolano, este lunes 1 de junio arrancó un despliegue nacional de consulta pública para la transformación del sistema de justicia penal. La iniciativa busca congregar a múltiples sectores de la sociedad civil y del derecho para diseñar una hoja de ruta que modernice la administración de justicia y resuelva fallas estructurales históricas.
El inicio de las jornadas simultáneas en todos los estados del país fue anunciado por el fiscal general, Larry Devoe, quien destacó la importancia de abrir canales directos de participación tanto para la ciudadanía como para los especialistas del área.
Un debate desde las bases hasta las instituciones
El cronograma de la consulta está estructurado en dos vertientes principales para garantizar un diagnóstico integral:
Encuentros comunitarios y sociales: Se habilitarán mesas de trabajo con movimientos populares, defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres, jóvenes, trabajadores, campesinos y comunidades indígenas para recoger la visión ciudadana.
Mesas técnicas institucionales: Habrá espacios de evaluación crítica reservados para jueces, fiscales, defensores públicos y demás operadores del sistema penal, enfocados en revisar los procedimientos internos e identificar nudos críticos.
Para ampliar el alcance de la convocatoria, las autoridades informaron que se han habilitado plataformas digitales, permitiendo que cualquier ciudadano pueda consignar propuestas y observaciones de forma remota.
Ejes centrales de la reforma
La agenda de discusión priorizará temas neurálgicos que han afectado la credibilidad y eficiencia del aparato judicial durante años. Entre los puntos clave destacan:
La celeridad procesal y el acceso equitativo a la justicia.
La ética, autonomía e independencia de los órganos judiciales.
La actualización de la política criminal y la formación del talento humano.
La modernización tecnológica y de infraestructura para la atención al público.
Enfrentar los desafíos estructurales
Esta jornada se enmarca en la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un proyecto coordinado por una comisión especial del Estado desde el pasado mes de abril.
Al respecto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha enfatizado que el norte de este esfuerzo es combatir flagelos como la corrupción, el retardo en las causas y la «criminalización de la pobreza», un fenómeno sustentado por estadísticas del propio Ejecutivo que reflejan que la mayor parte de la población penitenciaria actual pertenece a los estratos de menores recursos económicos.
Las mesas de trabajo, los estudios especializados y la recolección de datos se extenderán durante los próximos meses. El resultado final de este proceso participativo servirá de base para impulsar reformas legales y administrativas que definan las nuevas políticas públicas judiciales de la nación.
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