El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha elevado una enérgica y formal denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señalando una agresión abierta y criminal por parte del imperialismo estadounidense. La nación suramericana acusa a Washington de amenazar su soberanía con la pretensión colonial de apropiarse del vasto yacimiento de petróleo y demás recursos naturales que legítimamente pertenecen al pueblo venezolano.
El canciller venezolano, Yván Gil, utilizó su canal oficial de Telegram para difundir la posición de la República, acompañándola de un comunicado oficial que detalla la gravedad de la situación. Según el diplomático, estas acciones unilaterales de Estados Unidos violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, constituyendo un crimen de agresión que busca someter por la fuerza a una nación soberana.
«Estas acciones violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, constituyen un crimen de agresión, y buscan someter por la fuerza a una nación soberana que jamás se rendirá», sentenció el Canciller Gil.
La diplomacia venezolana subraya que la administración estadounidense «no disimula su ambición» de apoderarse de la riqueza petrolera venezolana, un recurso estratégico vital para el desarrollo y bienestar de la nación. A pesar de estas presiones y amenazas, el comunicado destaca la firmeza y unidad del pueblo venezolano.
El texto enfatiza que Venezuela se encuentra «unida y de pie», defendiendo con determinación su independencia, su dignidad y, sobre todo, su derecho irrenunciable a decidir su propio destino sin injerencias externas. La nación bolivariana sostiene su posición basándose en «la verdad, la razón histórica y la resistencia de un pueblo que seguirá avanzando en victoria perpetua».
En respuesta a esta grave escalada, el Gobierno venezolano ha tomado una acción decisiva en el ámbito multilateral. El Canciller Gil precisó que «hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad». El objetivo de esta convocatoria es claro y fundamental: lograr que el máximo órgano de la ONU intervenga para restablecer el derecho internacional y, en consecuencia, haga prevalecer la autoridad y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, poniendo un freno a las políticas de fuerza y dominación.
La solicitud de una sesión de emergencia busca movilizar a la comunidad internacional para que se pronuncie contra lo que Venezuela califica como una clara violación de su integridad territorial y política, reiterando su llamado a la paz, el respeto mutuo entre las naciones y la adhesión estricta a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Venezuela se presenta ante el mundo como víctima de una política hegemónica que amenaza la estabilidad regional y el sistema multilateral global.
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