En un llamado firme y contundente, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su representante permanente ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, instó este jueves al secretario general del organismo, António Guterres, a designar de forma urgente un asesor especial cuya única misión sea evaluar el impacto devastador y directo de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas contra el país.
La solicitud se produce en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, fecha que sirvió de plataforma para denunciar que estas acciones representan un verdadero «ataque al derecho al desarrollo» y configuran una «campaña de máxima crueldad calculada» contra la población venezolana.
Armas de guerra económica y violación del derecho internacional
El diplomático venezolano advirtió sin ambages que las MCU deben ser vistas y tratadas como «armas de guerra económica» que poseen un potencial destructivo tan letal como el de las armas convencionales. Moncada enfatizó que la soberanía de los Estados no puede ser penalizada bajo ningún pretexto, y rechazó categóricamente cualquier intento de justificación.
«Ninguna justificación política o ideológica, por muy elaborada que sea, puede legitimar estas acciones que violan de manera flagrante los principios de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional», declaró Moncada.
Explicó que el propósito real de las sanciones es paralizar el potencial productivo de las naciones afectadas al bloquear sistemáticamente el acceso a la financiación internacional, la tecnología esencial, los medicamentos vitales y los alimentos. El impacto se traduce en el ahogo de la inversión, el colapso de infraestructuras críticas y, en última instancia, el mayor impedimento para el desarrollo y el bienestar de millones de ciudadanos.
Desmantelando el mito de la «exención humanitaria»
El embajador venezolano también se refirió a la narrativa de las supuestas «exenciones humanitarias», calificándolas de «crueles ilusiones» que resultan ser ineficaces, ficticias y meros instrumentos propagandísticos. En su intervención, el representante citó las conclusiones de expertos de las propias Naciones Unidas, quienes han confirmado la nula operatividad de estas excepciones y cómo, en la práctica, no mitigan el sufrimiento de la población.
Moncada detalló que las sanciones no solo impiden la venta de recursos energéticos, sino que obstaculizan la importación de insumos médicos para hospitales y repuestos para maquinarias de sectores clave como el agrícola y el petrolero. Este bloqueo económico ha resultado en la congelación de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano en bancos extranjeros, recursos que deberían destinarse a la compra de vacunas, equipos médicos y programas sociales.
Un llamamiento a la acción global
Finalmente, el representante reiteró que la designación de un asesor especial independiente es un paso crucial para obtener una evaluación objetiva y sin sesgos políticos sobre la devastación que estas medidas están causando, no solo en Venezuela, sino en todos los países no alineados que sufren este tipo de coacción.
«El mundo debe dejar de mirar hacia otro lado. Exigimos una acción clara del Secretario General para que la verdad sobre las MCU salga a la luz. Es hora de detener el uso de la miseria humana como herramienta de política exterior. El derecho a la vida y al desarrollo no puede seguir siendo un rehén de las agendas geopolíticas», concluyó Moncada, subrayando la urgencia de desmantelar estas prácticas que atentan contra la paz y la seguridad internacional.
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