Un grupo de los 252 ciudadanos venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, en un controversial proceso durante la administración de Donald Trump, ha alzado su voz para solicitar garantías de seguridad y condiciones dignas que les permitan participar en una audiencia federal en la nación norteamericana.
La solicitud se produce tras la reciente y significativa determinación de un juez federal, quien dictaminó que el Gobierno de entonces negó el debido proceso a estos migrantes, designándolos erróneamente como “enemigos extranjeros” de Estados Unidos y enviándolos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en marzo pasado.
“Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas,” señala la carta emitida por el grupo de migrantes. Los repatriados, que regresaron a Venezuela el pasado 18 de julio tras cuatro meses de detención en el CECOT, temen revivir el trauma y la incertidumbre si deben volver a un entorno inseguro para defender su caso.
La decisión judicial y la demanda colectiva
El lunes pasado, el juez federal James Boasberg dictaminó que el Ejecutivo de Trump incumplió con el debido proceso de cerca de 200 venezolanos deportados, ordenando que se les dé la oportunidad de ser escuchados por un juez. Esta resolución no solo representa una victoria legal para el grupo, sino que también certificó una demanda colectiva, allanando el camino para que todos los afectados impugnen la designación que motivó su deportación y encarcelamiento.
El juez Boasberg ha fijado un plazo perentorio hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan viable que permita a los inmigrantes regresar a Estados Unidos o, en su defecto, les facilite defender su caso ante un tribunal de manera justa y segura.
Testimonios de trauma y reinsertación
Durante una emotiva rueda de prensa, los repatriados compartieron los profundos traumas físicos y psicológicos sufridos durante su detención. Norberto Aguilar, uno de los migrantes deportados, relató haber sido golpeado mientras se encontraba recluido en el CECOT.
“Los golpes físicos sanan pero los mentales no,” afirmó Arturo Suárez, otro de los afectados, describiendo el desafío de reinsertarse en la sociedad venezolana. Suárez detalló que, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ha brindado apoyo con terapias psicológicas, la lucha contra la “mucha ansiedad, problemas para dormir, para comer” persiste entre el grupo.
Petición de protocolos dignos
Además de las garantías de seguridad para la audiencia, los venezolanos exigieron a Estados Unidos que se establezcan condiciones de retorno “dignas y apropiadas” y que se revisen los protocolos de deportación y acogida para evitar que estos hechos se repitan con otros migrantes.
“Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes,” añadió el grupo en la misiva leída ante la prensa.
La deportación inicial de los venezolanos, ocurrida en un intercambio de rehenes entre EEUU y el Gobierno de Maduro tras meses de presión de las familias, ha quedado ahora bajo un intenso escrutinio judicial, poniendo de relieve la urgencia de garantizar los derechos fundamentales de los migrantes, incluso en contextos de seguridad nacional. La comunidad internacional sigue atenta a la respuesta de la administración estadounidense frente al ultimátum del juez Boasberg.
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