El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución que buscaba limitar la operación militar contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump en el mar Caribe. El revés legislativo, aunque ajustado, reavivó el debate constitucional sobre la autoridad para llevar al país a un conflicto armado.
La propuesta, liderada por el senador demócrata Adam Schiff y apoyada por figuras como Tim Kaine, Ron Wyden y el independiente Bernie Sanders, fue derrotada por un estrecho margen de 51 votos en contra frente a 48 a favor.
El texto de la resolución se centró en que la Constitución otorga al Congreso la autoridad exclusiva para declarar guerras y recordó que no se ha concedido una autorización formal para el uso de la fuerza en las acciones del Caribe. Desde el 2 de septiembre, estas operaciones han resultado en la destrucción de al menos cinco embarcaciones y la muerte de 21 personas acusadas de narcotráfico.
Los impulsores argumentan que la interpretación de la administración Trump de que estas operaciones son parte de un «conflicto armado no internacional» contra los carteles de la droga (especialmente los que operan desde Venezuela) es una ampliación peligrosa de las competencias del Ejecutivo. La resolución advierte que el tráfico de drogas, si bien es grave, no constituye un ataque armado ni una amenaza inminente que justifique la acción militar sin el aval del Congreso.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la resolución de «peligrosa», argumentando que limitaría la capacidad del presidente como comandante en jefe para proteger a los ciudadanos de amenazas como narcoterroristas o grupos vinculados a Irán. «Despojar al comandante en jefe de sus facultades en este contexto debilita nuestra seguridad», escribió en la red X.
La Casa Blanca sostiene que la designación de un grupo como terrorista habilita la acción en defensa de la seguridad nacional. Sin embargo, los oponentes recalcan que «designar a un grupo como terrorista no concede al presidente autoridad legal automática para usar la fuerza».
El despliegue militar en el Caribe incluye al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido y más de 4.500 soldados, generando preocupación en el Congreso por una posible escalada no autorizada. Aunque derrotada, la resolución subraya la necesidad de una mayor rendición de cuentas en el uso de la fuerza en el exterior, manteniendo viva la tensión sobre el equilibrio de poderes en la política exterior estadounidense.
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