La obligación de salir del país para tramitar la residencia permanente afectará a más de 500,000 personas al año, fracturando familias y amenazando la estabilidad económica nacional, según alertan expertos.
WASHINGTON D.C. – Una reciente directriz del presidente Donald Trump ha modificado drásticamente el panorama migratorio en Estados Unidos al obligar a los solicitantes de la «green card» a regresar a sus países de origen para concluir sus trámites de residencia legal. Esta medida elimina el tradicional proceso de «ajuste de estatus» dentro del territorio estadounidense, una práctica amparada por el Congreso desde 1952.
Especialistas en la materia advierten que el impacto humano y económico será profundo. Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI), señaló que esta decisión alterará negativamente la vida de millones de personas.
«Va a complicar las vidas de mucha gente porque van a tener que salir de su trabajo. Si no pueden trabajar en remoto, probablemente lo perderán. Además del costo financiero, se enfrentan a separaciones familiares que podrían prolongarse por meses o incluso años», afirmó Costa.
Un impacto masivo en cifras
Aunque los efectos totales de la norma aún están por verse, los datos históricos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelan la magnitud del cambio:
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Más del 50% de las residencias legales otorgadas anualmente se procesan mediante el ajuste de estatus interno.
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En el año fiscal 2024, el 58% de los nuevos residentes (782,770 personas de un total de 1.35 millones) recurrió a este mecanismo.
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La mitad de los afectados directos son familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.
Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (Aila), calificó de «desinformación peligrosa» la postura del gobierno, que minimiza la orden describiéndola como un simple trámite de viaje.
«Para muchas personas, el proceso consular no es seguro ni realista. Esto puede traducirse en años de separación de cónyuges e hijos ciudadanos, empleadores y comunidades», enfatizó Johnson. La medida también golpea a trabajadores con empleo en EE. UU., personal religioso, beneficiarios de TPS o parole humanitario, y residentes de larga duración.
Ambigüedad legal y estrategia de reducción
Desde Aila también se ha criticado la falta de claridad del memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la organización, advirtió que el documento es «muy vago» y no define con precisión los perfiles afectados ni las excepciones aplicables.
Para los analistas, esta política demuestra que el objetivo de la actual administración va más allá de combatir la inmigración irregular. Según Costa, existe una estrategia clara para reducir el flujo migratorio legal, evidenciada en otras acciones paralelas como:
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El freno al asilo en la frontera sur.
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La cancelación de los beneficios del TPS.
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La suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes en 75 países, con un fuerte impacto en naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
Consecuencias para la economía global
El endurecimiento migratorio promete pasar factura a la economía de Estados Unidos, donde los inmigrantes representan casi el 20% de la fuerza laboral. Proyecciones del EPI sugieren que, si el gobierno concreta su plan de ejecutar cuatro millones de deportaciones, el país podría perder 6 millones de empleos, afectando colateralmente un 40% de puestos ocupados por ciudadanos estadounidenses.
Los expertos concluyen que este escenario de inestabilidad laboral, sumado a factores geopolíticos externos como el conflicto con Irán, añade una presión muy problemática para el futuro económico del país.
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