Naciones de la región como Perú, Chile, Colombia y Ecuador han modificado sus normativas y posturas gubernamentales, implementando restricciones y gestionando protocolos de expulsión para abordar la permanencia irregular de migrantes en sus respectivos territorios.
Diversas naciones de América Latina han puesto en marcha un endurecimiento paulatino de sus políticas migratorias, enfocándose en la revisión de los estatutos de permanencia, el control fronterizo y la articulación de mecanismos de deportación para ciudadanos venezolanos en situación irregular, en el marco del fenómeno migratorio acumulado durante la última década.
El caso más reciente corresponde a Perú, cuyo ministro del Interior, César Astudillo, anunció gestiones bilaterales con Caracas para habilitar traslados marítimos orientados a agilizar las repatriaciones. Las autoridades peruanas han reportado la expulsión de 1.635 migrantes en condiciones no regulares, buscando equilibrar las medidas de seguridad ciudadana frente a una comunidad estimada en 1,6 millones de personas residentes en el país andino.
Restricciones y cambios de enfoque en el cono sur
En Chile, las directrices del Ejecutivo han priorizado la ejecución de órdenes de expulsión acumuladas para ciudadanos sin documentación al día. El gobierno ha señalado la urgencia de establecer canales de cooperación directa con las autoridades venezolanas para coordinar vuelos de retorno, bajo una postura impulsada desde los estamentos de seguridad e interior.
Por su parte, Colombia —la nación que acoge a la mayor diáspora venezolana con aproximadamente 2,8 millones de personas y que en su momento pionera en esquemas de integración como el Estatuto Temporal de Protección de 2021— ha virado hacia un enfoque institucional que prioriza las capacidades internas y la revisión de la situación documental de la población extranjera.
Previamente, Ecuador fue uno de los primeros estados en modificar su esquema regional al revocar amnistías y mecanismos previos de regularización en marzo de 2025, consolidando una tendencia generalizada en el subcontinente hacia la fiscalización estricta del tránsito y la residencia migratoria.
Diariorepublica.com
