El gobierno establece la tarifa en 1,55 dólares por litro ante la escasez, provocando el rechazo de sectores productivos que alertan sobre mayor especulación.
El gobierno de Bolivia oficializó la implementación de un nuevo precio referencial para el diésel, fijando la tarifa en 18 bolivianos por litro (equivalente a 1,55 dólares). La medida busca frenar la severa crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa la nación sudamericana; sin embargo, la decisión gubernamental encendió de inmediato las alarmas en diversos sectores de la sociedad, generando un clima de fuerte tensión social y política en medio de las constantes protestas por el desabastecimiento.
Una medida contra el contrabando
Frente a la creciente ola de críticas, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la aprobación del decreto supremo 5676. La autoridad gubernamental sostuvo que la normativa no debe entenderse únicamente como un ajuste económico, sino como una herramienta estratégica de transición diseñada para combatir el desvío ilícito de hidrocarburos hacia mercados extranjeros.
El ministro Aramayo enfatizó la gravedad del problema delictivo señalando que el país enfrenta una situación crítica de microcontrabando que afecta a todos los niveles de la cadena de distribución. Según la postura oficial del ejecutivo, sincerar el costo del diésel reducirá el margen de ganancia de los contrabandistas y garantizará la disponibilidad del insumo en el mercado interno.
Rechazo y temor a la especulación
Pese a los argumentos del ejecutivo, la medida fue recibida con firme rechazo por parte de la población y de diversas organizaciones gremiales. El Comité de Defensa del Productor (Codepro) encabezó las protestas advirtiendo sobre las graves consecuencias operativas que esta tarifa provocará en el aparato productivo nacional.
Desde Codepro remarcaron que encarecer el combustible en este contexto de desabastecimiento no resolverá el problema de fondo, sino que potenciará el mercado informal. La agrupación alertó que fijar el diésel en 1,55 dólares por litro incentivará un repunte descontrolado en la especulación de precios de insumos básicos y transporte, lo que terminará impactando directamente en la economía de los consumidores bolivianos.
