Con esta reciente intervención militar, la cifra de muertes bajo la estrategia de «Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear» asciende a 124 víctimas desde 2025, intensificando las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales en la región.
El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó este viernes la ejecución de una nueva operación letal en aguas del Caribe, en las proximidades de la costa venezolana. El ataque, dirigido contra una embarcación civil, se saldó con la muerte de tres personas, a quienes el estamento militar estadounidense ha calificado de forma genérica como «narcoterroristas».
La maniobra fue coordinada por el general Francis L. Donovan bajo la estructura de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Según el reporte oficial difundido en la red social X, la inteligencia militar detectó una «actividad sospechosa» vinculada al tráfico de sustancias ilícitas en una ruta estratégica, lo que derivó en la orden de aplicar fuerza letal inmediata.
Un patrón de letalidad en ascenso
Desde el inicio de este despliegue sistemático en agosto de 2025, la región ha sido testigo de una escalada de violencia sin precedentes bajo el argumento de la lucha antidrogas. Los datos son alarmantes:
Cifra de víctimas: Al menos 124 fallecidos registrados desde septiembre de 2025.
Frecuencia: Se contabilizan más de 30 ataques similares entre el mar Caribe y el Pacífico oriental.
Procedimiento: El uso de «ataques cinéticos letales» se ha convertido en la norma operativa de la administración estadounidense para interceptar naves en aguas internacionales.
Cuestionamientos a la legalidad internacional
Pese a las declaraciones de éxito del Comando Sur, la controversia crece en el ámbito jurídico y legislativo. Expertos en derecho internacional han encendido las alarmas, calificando estos episodios como ejecuciones extrajudiciales, debido a la ausencia de procesos judiciales, la falta de identificación de los fallecidos y la nula presentación de pruebas públicas que corroboren las acusaciones de terrorismo.
Incluso dentro de los Estados Unidos, varios congresistas han cuestionado la base legal de estas intervenciones, señalando que la ejecución de individuos sin juicio previo vulnera los principios fundamentales del derecho. Por su parte, movimientos sociales en América Latina denuncian esta presencia militar como una violación directa a la soberanía regional y una militarización peligrosa de las rutas comerciales del Caribe.
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