El legislador demócrata Chuy García rechazó categóricamente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de oficializar la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y otros once países. García advirtió que la medida afectará de manera drástica a la economía de Estados Unidos, destacando que los beneficiarios del programa aportan miles de millones de dólares en impuestos y forman parte activa de las comunidades locales.
La reciente actualización del estatus migratorio por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos generó un fuerte rechazo en sectores políticos de ese país. La decisión incluye la finalización de las protecciones del TPS para Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Birmania y Somalia.
Impacto económico y defensa de los migrantes
A través de sus plataformas digitales, el congresista federal Chuy García catalogó la medida gubernamental como una «catástrofe moral y económica», defendiendo la permanencia de los amparados bajo esta figura legal instituida para proteger a ciudadanos de países afectados por crisis profundas, conflictos o desastres naturales.
Aportes fiscales: El legislador subrayó que los titulares del TPS contribuyen con aproximadamente 29.000 millones de dólares a la economía estadounidense y aportan cerca de 8.000 millones de dólares anuales en tributos federales, estatales, locales y de nómina.
Desmentido sobre asistencia social: García aclaró además que los migrantes protegidos por este estatus no son elegibles para recibir beneficios públicos como cupones de alimentos o subsidios de vivienda, desmintiendo argumentos contrarios a su permanencia laboral.
Implicaciones para la comunidad venezolana
En el caso específico de la comunidad venezolana, esta disposición se enmarca en las directrices impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para dar por concluidas las protecciones migratorias que permitían a cientos de miles de ciudadanos residir y laborar de manera legal en territorio norteamericano.
El congresista concluyó advirtiendo que la supresión de este mecanismo no solo impactará de forma directa a las familias migrantes desplazadas, sino que desestabilizará sectores productivos y comunitarios clave en diversas ciudades estadounidenses, por lo que instó a reconsiderar el alcance de la medida.
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