La máxima instancia judicial de EE. UU. bloquea el despliegue militar en la tercera ciudad del País
En una decisión que representa un notable revés para la agenda de seguridad y migratoria del presidente Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este martes (23.12.2025) el despliegue de tropas de la Guardia Nacional que el gobierno federal había ordenado para Chicago. Esta determinación de la máxima instancia judicial, controlada por una mayoría conservadora de 6 a 3, rechazó un recurso de urgencia presentado por la Administración Trump que buscaba revertir fallos de tribunales inferiores.
El presidente Trump había argumentado que la presencia de la Guardia Nacional era esencial para «combatir el crimen» y, crucialmente, para «proteger a los agentes de inmigración y sus instalaciones» en Chicago, la tercera mayor ciudad del país y un bastión históricamente gobernado por líderes demócratas.
Voto inusual y argumentos legales clave
La votación en el alto tribunal resultó particularmente notable. Aunque la Corte cuenta con una mayoría conservadora robusta, la decisión de rechazar el recurso fue contundente. Tres de los jueces conservadores —Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch— se alinearon con la mayoría, posicionándose en contra del despliegue.
El rechazo se basó en una interpretación estricta de la ley federal. Los jueces señalaron que la disposición legal invocada por el gobierno para justificar la orden de emergencia solo es aplicable cuando «las fuerzas regulares» de seguridad locales y estatales son claramente insuficientes para mantener el orden. En esencia, la Corte dictaminó que la Administración no había probado la existencia de un caos o una insuficiencia de las fuerzas del orden de Illinois que justificara la intervención militar federal.
Fricción Federal-Estatal y precedentes
El enfrentamiento legal en Chicago es el último de una serie de tensiones entre el gobierno federal y las administraciones demócratas a nivel estatal y municipal. Aunque el presidente Trump ha logrado desplegar con éxito tropas de la Guardia Nacional en otras tres ciudades gobernadas por demócratas este año —incluyendo Los Ángeles, Washington y Memphis—, sus esfuerzos por militarizar Portland y ahora Chicago han sido sistemáticamente trabados en los tribunales.
El gobernador de Illinois y la alcaldesa de Chicago se opusieron firmemente a la medida desde el principio. Tras dos reveses en cortes inferiores, el procurador general, John Sauer, elevó el caso a la Corte Suprema, alegando que los agentes federales en Chicago estaban «obligados a operar bajo la amenaza constante de la violencia de los manifestantes». Según Sauer, el bloqueo interfería «indebidamente con la autoridad del presidente y pone innecesariamente en peligro al personal y la propiedad federal».
La perspectiva local
En respuesta, las autoridades de Illinois insistieron en que la presencia militar no era necesaria. Aseguraron que «los agentes del orden estatales y locales han manejado sin incidentes mayores las protestas aisladas” en el estado y negaron la existencia de «evidencia creíble» que justificara la intervención de Washington.
Aunque unos 300 efectivos de la Guardia Nacional permanecen en el área de Chicago, su participación activa en operaciones de seguridad ha sido impedida por la vía judicial. Por su parte, la Casa Blanca, a través de su portavoz Abigail Jackson, minimizó el alcance del fallo: «El presidente activó a la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales y garantizar que los alborotadores no destruyeran edificios y propiedades federales. Nada en la decisión de hoy menoscaba ese objetivo central».
A pesar de la declaración de la Casa Blanca, el fallo de la Corte Suprema subraya los límites del poder ejecutivo para invocar fuerzas militares domésticas sin una clara justificación de emergencia, reforzando la autonomía de los estados en materia de orden público.
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