La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una contundente resolución, denegando la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas. La decisión, que mantiene al exmandatario bajo custodia del tribunal en La Haya, asegura la continuidad del proceso judicial en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la controversial «guerra contra las drogas» de su administración.
Ratificación de riesgos procesales
La Sala de Apelaciones de la CPI confirmó, en una decisión unánime, la validez de la resolución previa emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares a finales de septiembre. La jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, fue la encargada de leer el fallo, que establece que la defensa de Duterte no pudo demostrar error alguno en la valoración inicial del tribunal.
El núcleo de la decisión se centra en la persistencia de riesgos procesales graves que justifican la detención continuada. Estos riesgos incluyen la posibilidad de fuga, la obstrucción del proceso judicial (como la intimidación de testigos o la manipulación de pruebas), y la potencial reiteración delictiva.
«La Sala considera que, a pesar de las garantías ofrecidas por el solicitante, la naturaleza y gravedad de los cargos, junto con el alcance del poder que ostentó como jefe de Estado, presentan un riesgo inaceptable para la integridad del procedimiento,» se subraya en el documento de apelación.
Desestimación de argumentos de la defensa
La Sala de Apelaciones desestimó los tres motivos principales de apelación presentados por el equipo legal del expresidente. En primer lugar, se rechazó el argumento de que las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte en libertad fuesen suficientes para mitigar los riesgos procesales. El tribunal dictaminó que ninguna promesa estatal podría contrarrestar de forma efectiva la seriedad de los cargos y la inclinación procesal previa del acusado.
En segundo lugar, la corte descartó los argumentos de carácter humanitario vinculados al estado de salud de Duterte. Aunque la CPI reconoce la importancia de la salud del detenido, sostuvo que las instalaciones médicas del Centro de Detención de La Haya son adecuadas para gestionar cualquier condición preexistente, asegurando su bienestar sin comprometer el curso de la justicia.
Finalmente, la apelación sobre supuestos errores de derecho y de hecho en la valoración de la Sala de Cuestiones Preliminares fue considerada infundada. La Sala de Apelaciones respaldó la conclusión de que la detención es el único medio eficaz para garantizar la comparecencia de Duterte a juicio y proteger a las víctimas y testigos de la «guerra contra las drogas».
Un mensaje sobre la impunidad
Rodrigo Duterte permanecerá bajo custodia en el Centro de Detención de la CPI mientras los fiscales preparan el caso para la fase de confirmación de cargos. Este proceso se deriva de la investigación iniciada por el fiscal Karim Khan sobre las miles de muertes ocurridas en Filipinas, alegadamente bajo la directriz del expresidente, en el marco de una campaña que organismos de derechos humanos han calificado de ejecuciones extrajudiciales masivas.
La decisión de hoy de la CPI reafirma su compromiso de luchar contra la impunidad de los crímenes más graves, independientemente del rango o posición de los acusados. La denegación de la libertad provisional a un exjefe de Estado envía una señal clara a la comunidad internacional sobre la seriedad con la que el tribunal aborda los crímenes de lesa humanidad. La próxima fase se centrará en la presentación formal de las pruebas antes del inicio del juicio.
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