
El Gobierno cubano oficializó el Decreto-Ley 132/2026 para permitir la importación con fines comerciales a personas naturales, cobrando los aranceles exclusivamente en divisas estadounidenses.
Apertura del comercio privado en medio del colapso
Cuba enfrenta una profunda crisis estructural agudizada por deficiencias internas, el desabastecimiento crónico y el endurecimiento de sanciones internacionales. Ante este escenario de asfixia económica, el Ejecutivo ha decidido legalizar un canal de abastecimiento que antes operaba en la clandestinidad o terminaba en el decomiso de mercancías por parte de las autoridades.
Nuevas reglas aduaneras para pasajeros y envíos
A través del Decreto-Ley 132/2026, publicado en la Gaceta Oficial, se permite a las personas naturales declarar formalmente ante la Aduana General de la República los productos que superen los límites de uso personal. Esta regulación aplica tanto para los equipajes acompañados en viajes como para la recepción de paquetes desde el exterior.
Obligatoriedad de pago en divisa extranjera
El elemento crítico de esta reforma es su exigencia fiscal: el cobro del Impuesto Aduanero y los Servicios de Despacho se ejecutará de forma obligatoria en dólares estadounidenses. La Resolución 197/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios establece una escala progresiva para equipajes que va del 15% (hasta 2.000 dólares) al 30% (más de 6.000 dólares). Para los envíos postales o de carga, se fijó una tarifa única del 30%.
Persistencia de las exenciones de primera necesidad
Esta normativa comercial coexiste con la exención arancelaria temporal aprobada en 2021 para la entrada sin carácter comercial de alimentos, medicinas e insumos de aseo en el equipaje de mano. Dicha medida, renovada de manera constante, responde a la incapacidad del Estado para garantizar productos básicos a la población.
Captación de divisas e integración de reformas
Con esta decisión, el Gobierno busca recaudar dólares directamente de la ciudadanía y formalizar el flujo informal de mercancías. La medida forma parte de un paquete de 176 reformas orientadas a descentralizar la economía, aunque transfiere al ciudadano común el costo de abastecer un mercado desabastecido mediante el uso de divisas que no cotizan legalmente en los salarios estatales.
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