El Gobierno cubano confirmó el arresto de un grupo de manifestantes en el municipio de Morón, señalados por atacar la sede del PCC durante protestas por apagones y escasez. El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que no habrá impunidad frente a lo que calificó como actos de «vandalismo».
La tensión social en Cuba alcanzó un nuevo pico este fin de semana tras confirmarse la detención de al menos 14 personas vinculadas al asalto de la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la localidad de Morón, ubicada a 460 kilómetros al este de la capital. El incidente, ocurrido en la madrugada del pasado sábado, es reflejo del creciente malestar ciudadano ante la falta de alimentos y el colapso del sistema eléctrico nacional.
Disturbios en el centro de la isla
Julio Heriberto Gómez, primer secretario del PCC en la zona, informó durante un acto público que los cuerpos de seguridad ya mantienen bajo custodia a los presuntos responsables del ataque. Según declaraciones recogidas por el diario local Invasor, Gómez tildó a los involucrados de «delincuentes» y aseguró que las acciones no representan el sentir de la población local, prometiendo la publicación de testimonios en los próximos días.
Respuesta oficial: Malestar vs. Impunidad
Por su parte, el mandatario Miguel Díaz-Canel utilizó sus canales oficiales para fijar postura sobre la crisis. Aunque el jefe de Estado reconoció la legitimidad del descontento popular causado por los «prolongados apagones», atribuyó la situación al bloqueo energético impuesto por los Estados Unidos. No obstante, fue enfático al advertir que el Estado responderá con severidad: «Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad», sentenció.
Un contexto de asfixia económica
La isla atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. La paralización de los suministros de crudo —históricamente dependientes de Venezuela y ahora interrumpidos tras el cambio político en ese país— ha sumergido a la nación de 9,6 millones de habitantes en la oscuridad y el estancamiento productivo.
Este escenario guarda similitudes con las históricas manifestaciones de julio de 2021, cuando la carestía de medicinas y comida movilizó a miles de cubanos. En esta ocasión, la presión de Washington sobre posibles proveedores externos de combustible amenaza con agravar aún más la gobernabilidad en la isla.
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