El presidente Abelardo de la Espriella oficializó este miércoles 19 de agosto la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos de Colombia, tras el devastador sismo de 7,4 magnitud ocurrido el pasado 10 de agosto. La medida, vigente por 30 días, permitirá al Ejecutivo agilizar la movilización de fondos nacionales e internacionales, crear un «fondo milagro» para la reconstrucción de infraestructura crítica y ejecutar decretos con fuerza de ley para asistir a las más de 262.000 personas damnificadas.
Ante la magnitud de la tragedia nacional provocada por el sismo con epicentro en San José del Palmar (Chocó), el Gobierno Nacional ha formalizado el marco jurídico necesario para hacer frente a la catástrofe natural más grave de lo que va de siglo en el país.
Balance de una tragedia sin precedentes
El decreto publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) responde a una situación humanitaria de alta complejidad. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el presidente De la Espriella, el evento telúrico ha dejado un saldo desgarrador:
Víctimas mortales: 319 personas confirmadas por el Instituto de Medicina Legal.
Afectados: 262.154 personas (147.464 familias) en 471 municipios.
Heridos y desaparecidos: 4.437 lesionados y 262 ciudadanos cuyo paradero aún es desconocido.
Daños en infraestructura: 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas y más de 300 edificios colapsados, sumado a daños severos en edificaciones públicas y vías.
Herramientas para la recuperación
La emergencia económica habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos destinados a «conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos». Entre las acciones estratégicas se encuentra la creación del «fondo milagro», diseñado para canalizar recursos específicos hacia la rehabilitación de hospitales, centros educativos, aeropuertos y el sistema vial afectado.
Asimismo, la administración ha estructurado un paquete de alivios sociales y financieros que incluye:
Apoyo habitacional: Subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus hogares.
Alivios económicos: Suspensión temporal de pagos de servicios públicos, beneficios financieros y alivios tributarios para los ciudadanos más vulnerables.
Respaldo al sector productivo: Mecanismos especiales para comerciantes y pequeños empresarios que vieron frenada su actividad por el desastre.
El Ejecutivo, que desde la semana pasada trabajaba en la configuración de este decreto, reafirmó su compromiso de mantener una respuesta ágil para estabilizar las zonas afectadas y garantizar el bienestar de la población en los 15 departamentos bajo declaratoria de emergencia.
Diariorepublica.com
