Ante el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, adscrito a la Oficina del Alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ubicada en Ginebra, Suiza, fueron denunciados este jueves varios jueces del estado Aragua por negarse a dejar en libertad a uno de los imputados en el caso del empresario y político yaracuyano Kamel Salame.
Robert Alvarado, abogado que integra la defensa de Hilarión Yovera, quien cumpliera 5 años detenido sin juicio el pasado 28 de noviembre, explicó que la denuncia introducida en contra de Mary Carmen Amarista Herrera, Juez Quinto de Juicio del estado Aragua. Alfredo Germán Baptista Oviedo, Presidente de la Corte de apelaciones del Circuito judicial penal del estado Aragua. Diana Calabrese Caniche y Marjorie Calderón Guerrero, ambas también pertenecientes a la Corte de apelaciones, «Busca poner fin a las arbitrariedades con las cuales mantienen preso a un ciudadano mayor de 70 años de edad».
Agregó que «estos magistrados sin ningún fundamento jurídico que lo justifique, se empeñan en incumplir lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal que en su artículo 231 señala que en Venezuela, ninguna persona mayor de 70 años de edad puede estar privada de libertad, y mi defendido cumplió 71 años el pasado 25 de octubre. A la fecha, no ha habido forma ni manera que su caso sea tomado en consideración en los tribunales de Aragua».
El jurista dijo que le solicitó al Relator Presidente y demás miembros del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias efectuar, «Un llamamiento urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que ordene la excarcelación inmediata de Hilarión Yovera, mayor de 70 años de edad, privado de libertad preventivamente desde hace 5 años sin juicio ni respeto a sus derechos humanos fundamentales, así como tampoco a sus garantías judiciales relativas a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho a la salud y la reputación».
Recalcó que el Circuito judicial Penal del estado Aragua «se caracteriza por decisiones contrarias a las garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. Esto pone de manifiesto la complicidad y ojeriza con la que actúan los administradores de justicia en Maracay, tal como les ocurrió a los comisarios de la Policía Metropolitana y más recientemente al comisario Iván Simonovis».
Vía El Universal