Un juez del Distrito Nacional rechaza elevar la acusación a homicidio voluntario por el colapso del establecimiento en 2025, el cual cobró la vida de 236 personas, entre ellas el merenguero Rubby Pérez.
El proceso judicial por la mayor tragedia en un centro de entretenimiento de la República Dominicana avanza a una etapa crucial. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, cuyo derrumbe el 8 de abril de 2025 provocó 236 muertes y dejó a 180 personas heridas.
El magistrado Raymundo Mejía ratificó la tipificación jurídica de homicidio involuntario propuesta por el Ministerio Público. Con esta resolución, el tribunal desestimó la solicitud de las familias de las víctimas y sobrevivientes, quienes exigían juzgar a los empresarios por homicidio voluntario, bajo el argumento de que estos operaban el recinto sabiendo el riesgo de colapso.
Como parte del dictamen, el juez ordenó una medida cautelar de inmovilización de bienes propiedad de los imputados por una suma de hasta 500 millones de pesos (aproximadamente 8,3 millones de dólares). Asimismo, se mantuvieron vigentes las medidas de coerción previas: fianza económica, presentación periódica ante las autoridades y el impedimento de salida del país.
Debate sobre la intención y el dolo
Durante la exposición de sus motivos, el juez Mejía argumentó que las pruebas presentadas no demuestran que los acusados tuvieran la intención deliberada de causar la catástrofe.
Esta conclusión fue cuestionada de inmediato por el colectivo «Movimiento Justicia Jet Set». A través de un comunicado, la agrupación señaló que defendían la tesis del dolo eventual, aclarando que esta figura legal no exige el deseo directo de matar, sino el hecho de haber ignorado de forma temeraria un peligro previsible, grave y evitable para la estructura.
«Seguiremos luchando, vamos a seguir peleando», declaró a los medios Alcides Acosta, vocero de los afectados y quien perdió a dos familiares directos, tras calificar el dictamen judicial como una decisión parcializada.
Un expediente de fallas estructurales
Las indagatorias presentadas por los fiscales revelan que el emblemático club nocturno de Santo Domingo funcionó durante años bajo un esquema de «sistemática y grave negligencia» en lo que respecta al mantenimiento de sus bases y adecuación de infraestructura, lo que convirtió al local en una trampa mortal para clientes y trabajadores.
La fatídica madrugada del siniestro, el establecimiento se encontraba a máxima capacidad durante un concierto del reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, quien pereció en el lugar junto a un miembro de su banda.
La catástrofe segó además las vidas de figuras públicas notables, como el exbeisbolista de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador de modas Martín Polanco y un hijo del exministro Eduardo Estrella. El impacto del suceso trascendió las fronteras dominicanas, registrándose entre las víctimas fatales a 18 ciudadanos venezolanos, tres de doble nacionalidad hispano-dominicana, y varios residentes provenientes de Francia, Haití, Colombia, Costa Rica, Italia y Kenia.
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